Estado ausente. El 8 de marzo, las mujeres no olvidamos

 

Escribe:  Geovanny Pérez López

En el Día Internacional de las Mujeres no olvidamos que en la ciudad de Nueva York, mujeres se organizaron para realizar una gran marcha de trabajadoras textiles en el año 1857, para protestar por las miserables condiciones de las trabajadoras y, en 1908, mujeres costureras industriales de grandes factorías se declararon en huelga demandando el derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. 

¡No olvidamos! que trabajadoras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva York; y que la respuesta de los dueños de la fábrica fue encerrar a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y evitar que más mujeres se unieran a la huelga. 

En ese sentido, la Asamblea de las Naciones Unidas en 1975, reconoce el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Así, las mujeres paso a paso, a baja y alta velocidad, pero con aplomo, fuerza y constancia, seguimos resistiendo e insistiendo, visibilizando esas condiciones, además de la impunidad que opera en México, en nuestro estado y en cada rincón; así como su relación compleja con la corrupción.  Según el Índice Global de Impunidad, en México el nivel de impunidad es de 98.86 por ciento, es decir, únicamente el 1.14 por ciento de los delitos son investigados y sancionados. En la mayoría de los casos, este pobre resultado se relaciona directamente con actos de corrupción. Lo que constituye un agravio para la ciudadanía y daña el tejido social. 

Pero, la impunidad constituye un doble agravio a las niñas y mujeres, siendo un crimen de lesa humanidad, donde la participación es pasiva y activa, frente a un Estado ausente. Y una sociedad permisiva que naturaliza e invisibiliza las violencias, donde a las víctimas se les trata con desconfianza, apatía y falta de respeto a sus derechos. 

¡Ni la  pandemia parará los reclamos! En lo  presencial, con las medidas sanitarias  y en la virtualidad  #8M, las mujeres seguirán exigiendo, “Ningún agresor al Poder", “Ni una asesinada más” “Justicia para Todas”,  “Niñas No Madres", entre muchas otras exigencias con razones de sobra, como consecuencia de la incapacidad de un estado que no da respuesta y una sociedad permisiva que han dejado de lado a las niñas y mujeres como poseedoras de derechos humanos, olvidando las garantías constitucionales como la justicia. Por eso las formas y las exigencias son válidas, llenas de indignación por la impunidad y  la corrupción en un estado ausente. 

No olvidemos que de acuerdo con la ENDIREH, en 2016 en el país se registraron 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales el 7.3% (3.4 millones) son menores de 18 años, una cuarta parte años (11.8 millones) son mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años; 17.6 millones (38.0%) son mujeres adultas jóvenes de 30 a 49 años; 19.4% son mujeres que se encuentran en la etapa adula y tienen entre 50 a 64 años y finalmente, 11.4% (4.7 millones) son mujeres adultas mayores con 65 y más años de edad. Todas las mujeres en México en algún momento hemos experimentado algún tipo de violencia a lo largo de nuestras vidas.

Mientras tanto, las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, por delitos cometidos en contra de las niñas y mujeres en su mayoría son relacionadas con violencia sexual, abuso sexual (42.6%) y violación (37.8 por ciento).

Para poner en contexto y dejar de decir que las mujeres no denuncian en nuestro país, mejor analicemos lo que  impide el acceso a la justicia, por ejemplo: existe una falta de sensibilización de las autoridades en todos los niveles y espacios de gobierno, aunado a la falta de un sistema efectivo de seguridad pública, la falta de conciencia sobre la desigualdad y violencias que enfrentan las mujeres y niñas a lo largo de sus vidas, la revictimización, la falta de capacidad de acción de las instituciones, la infraestructura, la mala atención y servicios a mujeres víctimas de violencia, las omisiones en las investigaciones, la violencia institucional, los procedimientos largos y costosos, las violaciones al debido proceso, la falta de aplicación de mecanismos de protección, la falta de asesoría jurídica e información sobre sus derechos como víctimas de violencia, falta de perspectiva de género en el acceso a la justicia y podemos seguir enlistando, resaltando las prácticas misóginas que siempre responsabilizan a las víctimas, lo anterior también involucra a la sociedad que estigmatiza y criminaliza a las  mujeres y niñas. 

Así las cosas, la ENVIPE en 2019, la mitad de las mujeres encuestadas manifestaron que no confían en instituciones como el ministerio público y procuradurías o fiscalías estatales y de acuerdo a estadísticas a nivel nacional del  Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 (actualizada el 19 de febrero de 2021) el flujo de averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación en materia penal para adultos y justicia para adolescentes conocidas por las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia,  establece que las investigaciones en delitos que tiene el estatus de Cerradas es; 116,014, teniendo como Pendientes;  dos millones 182 mil 259, lo que significa que tan solo en la etapa de investigación de los delitos solo se cierra el 5%, quedando pendientes las demás etapas del proceso penal hasta llegar a una sentencia que indique la culpabilidad o no de quien se denunció como violentador.  

La inefectividad judicial en actos de violencia hacia las mujeres y niñas fomenta y perpetúa la impunidad y promueve la tolerancia social de la violencia hacia las mujeres y niñas. Y esta situación se agrava aún más, cuando se naturaliza la violencia como ocurre en nuestro estado, bajo la concepción patriarcal y discriminatoria,  violando los derechos humanos de las mujeres, atentando contra su dignidad, situación que no debe permitirse, ¡Ya basta de violencias! el estado tiene obligaciones y deberes, “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. “Conforme al Artículo 1 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (reformado el 2011).

La  Convención de Belém do Pará y la CEDAW reafirman el derecho de las mujeres a acceder a la justicia, a través de un recurso judicial sencillo y eficaz, dejando claro que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos “tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”.  

La Corte Interamericana asimismo ha señalado que la facultad de acceso a la justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y la debida sanción de los responsables. Lo anterior significa que por marcos jurídicos no paramos, Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo como sociedad y desde el estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias?

Para finalizar invito a desaprender la tolerancia a la impunidad y la corrupción, dejemos de normalizar las violencias, unamos nuestras voces ¡Señor, Señora!¡No sea indiferente se mata las mujeres en la cara de la gente!