Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 1 de diciembre de 2020) Durante la sesión ordinaria celebrada este martes, se presentaron iniciativas en materia de justicia con perspectiva de género y responsabilidad de los ayuntamientos en materia ambiental.
En primer término, la diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) propuso modificar los artículos 73 y 75 del Código Penal para el Estado de Tlaxcala con el fin de incorporar la perspectiva de género a los criterios de individualización de las penas y medidas de seguridad.
A propósito, reconoció que las normatividades a menudo reproducen estereotipos machistas que terminan por prevalecer a criterio de los juzgadores; por lo que este proyecto busca combatir los desequilibrios al momento de juzgar, eliminar prejuicios y promover los derechos humanos.
Por otra parte, la legisladora María Félix Pluma Flores propuso adicionar el artículo séptimo bis a la Ley de Ecología y Protección al ambiente para asentar la obligación de los alcaldes para atender problemas ambientales como el gusano descortezador que afecta a árboles de La Malinche y generar campañas periódicas de prevención.
En este sentido, mencionó que las plagas, el desmonte para generar campos de cultivo, la sobreexplotación de recursos naturales, el desarrollo urbano sin planeación, el desarrollo industrial en lugares inadecuados, así como el uso de sueño son factores que atentan contra las reservas ecológicas de la entidad.
Los proyectos presentados por ambas diputadas fueron turnados a expediente parlamentario.
En tanto que la diputada María de Lourdes Montiel Cerón presentó un informe relativo al proceso de juicio político promovido por el ciudadano Emilio de la Cruz Ortiz en contra del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez; el titular de la Junta Local de Conciliación Arbitraje, Miguel Ángel Tlapale Hernández; Alejandra Nande Islas como secretaria de planeación y finanzas; y Luis Miguel Álvarez como Oficial Mayor de Gobierno.
La legisladora expuso que la comisión consideró innecesario recabar más medios probatorios, debido a que el trabajo realizado con ambas partes no da cuenta de conductas previstas en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. En consecuencia, propuso que una vez concluido el proceso se disuelva la comisión especial que conoció sobre este asunto.
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