Redacción (Tlaxcala, 3 de diciembre de 2020) La diputada local Leticia Hernández Pérez propuso, a través de una reforma al Código Penal de Tlaxcala, incrementar las causales para sancionar el delito de feminicidio en el Estado.
La propuesta presentada en la sesión ordinaria de este jueves del Congreso del Estado, plantea incluir los factores socioculturales que generen odio hacia las mujeres al grado de asesinarlas, como una razón más para castigar ese delito.
Explicó que, entre las razones enunciativas más no limitativas se encuentra el hecho de ser mujer, la creencia de que la mujer es inferior, subordinada, objeto sexual o propiedad de los varones; la inobservancia de roles y/o estereotipos de género que amenazó o le hizo perder el poder que ejercía sobre ella; el empoderamiento económico, social, cultural y político de la mujer y; la disposición de la mujer de acabar con el orden social basado en relaciones desiguales.
De la misma manera propuso incrementar las circunstancias para la acreditación el delito, como las heridas en zonas vitales, traumatismos, estrangulamiento, cortes, puñaladas, contusiones fracturas, dislocaciones y quemaduras escoriaciones, causadas previa o posteriormente a la privación de la vida de la mujer.
De la misma manera añadió que se acreditará el delito cuando entre el sujeto activo y la víctima haya existido parentesco por consanguinidad o unidad, de matrimonio o concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad.
Otras causas que agregó fue cuando la víctima, antes o después de su muerte, se haya encontrado en un estado de indefensión por alguna condición de vulnerabilidad como la discapacidad, la condición etaria, de embarazo, condición migratoria, raza, etnia, nacionalidad, o por factores externos que inhiben su capacidad de defensa o conciencia, como el estado de somnolencia, alcoholemia, consumo de fármacos o drogas, ya sea voluntario o involuntario.
Por otra parte, la diputada local Isabel Casas Meneses propuso exhortar al Congreso de la Unión a efecto de que reformen la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora apuntó que el ordenamiento citado, se contrapone a lo establecido en la Carta Magna, al considerar que los egresados de las Escuelas Normales Públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo.
Por ello, la Congresista expuso que esta disposición no obedece a una finalidad objetiva, ya que no es necesaria la distinción de dar preferencia a los egresados de las escuelas normales públicas, además de violentar el derecho a la educación de calidad y de excelencia.
“La igualdad de condiciones que debe prevalecer para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, se debe realizar a través de procesos de selección que considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”, señaló Casas Meneses.
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