Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 23 de diciembre de 2020) La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió dos recomendaciones para el ayuntamiento de San Juan Totolac por violaciones a derechos humanos de un ex trabajador y de un ciudadano afectado por elementos de seguridad pública.
En la primera recomendación, el quejoso manifestó que el pago de su pensión por jubilación fue suspendido por órdenes del alcalde Giovanni Pérez Briones, sin un procedimiento de por medio. Asimismo, señaló que es el único medio que con el que cuenta para su manutención; por lo que se determinó que hubo faltas a la legalidad y al desempeño de la función pública
En consecuencia, la recomendación al ayuntamiento es acatar los siguientes puntos: el Órgano Interno de Control deberá investigar, sustanciar y calificar las faltas administrativas; el cabildo deberá ofrecer una disculpa pública al quejoso; la administración municipal deberá iniciar los trámites pertinentes para reintegrar los pagos faltantes al quejoso; e instrumentar capacitación para el servidor público y personal del ayuntamiento.
En cuanto a la recomendación por la actuación del director y un oficial de la Dirección de Seguridad y Vialidad Pública, la CEDH determinó que se violaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, libertad personal, integridad y seguridad personal; hecho que se pudo constatar a través de grabaciones de cámaras fijadas por el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad (CESESP).
El quejoso manifestó que fue detenido por un oficial de la Policía Municipal, quien lo golpeó, le quitó su cartera con 10 mil pesos, y arrojó las llaves de su camioneta antes de retirarse. Posteriormente, el afectado acudió ante el titular de seguridad pública, a quien señaló de omiso y de no devolver la cartera.
Respecto a las recomendaciones, el alcalde deberá instruir al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento y al Consejo de Honor y Justicia Policial a realizar la investigación y sustanciación de los hechos; dirigir una disculpa pública; iniciar los procedimientos administrativos para restituir el dinero; y capacitar al personal del ayuntamiento.
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