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miércoles, 11 de noviembre de 2020

Exigen activistas al TET resolución de fondo a caso de síndica de Totolac

 


Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 11 de noviembre de 2020) Activistas llamaron a los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) a resolver de fondo el asunto de los presuntos agravios cometidos en contra de la síndica de San Juan Totolac, María Elena Conde Pérez; pues acusaron que podrían incurrir en violencia institucional.

    Cabe recordar que la síndica ha señalado obstrucción de sus funciones y falta de pago de su salario por parte del edil Giovanni Pérez Briones y otros funcionarios de la administración municipal; luego de presentar una licencia médica por 15 días.

    Si bien el pasado 22 de octubre, el pleno del TET resolvió que se debía restituir en el cargo a Conde Pérez, le fue negado el acceso a las instalaciones del municipio cuando se presentó -cuatro días después de emitida la sentencia- a retomar sus actividades.

    No obstante, en un oficio enviado a los magistrados electorales y hecho llegar a esta redacción, representantes e integrantes de organizaciones civiles señalaron que el asunto no fue analizado con perspectiva de género, lo que se observa en la omisión de medidas cautelares.

    En este sentido, refirieron que podrían incurrir en violencia instituciones debido a tomar acciones para prevenir que se produzcan actos de violencia en contra de la denunciante. Toda vez que en un principio se propuso acumular este asunto con otro interpuesto por una regidora, situación que dos de los magistrados determinaron corregir y emitir las medidas correspondientes.

    Sin embargo, acusaron que el magistrado ponente "votó en contra sin expresar algún sustento legal ni perspectiva de género, y sólo se limitó a señalar que no tenía caso emitirlas porque el proyecto de sentencia estaría listo en tres días más, tiempo que ha transcurrido en exceso y no conocemos que esta se haya emitido", se lee en el documento.

    Por ello, indicaron que la dilación en la emisión de la sentencia, aunada a la postura del magistrado, resulta inadmisible en el marco jurídico vigente que tutela los derechos humanos; puesto que vulnera el derecho de la actora a gozar plenamente de su derecho a ejercer el cargo y exigieron que se le brinde certeza.

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