? Norma
Mendieta
Colectivo Migración sin Fronteras*
Con el envío de remesas -en el caso de Tlaxcala 253 millones de
dólares en 2019-, los migrantes contribuyen al mejoramiento de las condiciones
de vida de sus familias y también de la economía nacional, a través del consumo
de bienes y servicios que se realiza en las localidades. Las remesas aportan
más divisas al país de lo que ingresa por concepto de exportaciones petroleras
o turismo.
A pesar de estas aportaciones, de llamarlos “héroes vivientes”, a
su retorno forzado o voluntario, enfrentan diversos retos en su proceso de
reintegración: constantes violaciones a sus derechos humanos, discriminación
por parte de la población y las instituciones y estigma social. Estas
problemáticas se desconocen y resulta necesario visibilizarlas para que sean
atendidas.
El retorno forzado, que es el regreso obligado de una persona al
país de origen o de residencia, mediante una orden administrativa o judicial,
lo que comúnmente conocemos como deportación, se convierte para los migrantes
en un estigma por el cual van a ser criminalizados por funcionarios, policías,
vecinos o conocidos.
De acuerdo con el testimonio de Yolanda, una mujer deportada “es
muy difícil lo que vivimos, ser deportado es igual a criminal, a ladrón, a
violador, son estos los prejuicios y el concepto que la gente tiene de
nosotros. Nos rechazan, nos dicen traidores por haber migrado y ahora que ya
nos dieron una patada, venimos a quitarles el trabajo”.
Al respecto, es importante destacar, que la criminalización de la
que son objeto tiene su origen en el discurso anti-migrante de los gobiernos de
los Estados Unidos, sobre todo del presidente Donald Trump, que reiteradamente
ha declarado que los migrantes mexicanos “traen drogas, traen crimen, son
violadores”, que se deporta a los extranjeros que cometieron “delitos graves”.
En los hechos, la gran mayoría son padres o madres de familia, esposos, sin
antecedentes penales o cuya falta fue pasarse un alto o manejar sin licencia.
Son personas que llevan muchos años viviendo allá, con un trabajo y una familia
establecida; como indocumentados sí, pero siendo productivos y pagando
impuestos.
Gracias a esta narrativa de criminalización, a su regreso viven
discriminación y rechazo social.
Otra de las consecuencias de la deportación es la separación
familiar. Miles de niños y niñas están separados de sus padres y madres
deportados; ya que, por ser ciudadanos americanos, quedan bajo el cuidado del
gobierno estadounidense. Muchos de estos padres pierden su custodia por la
imposibilidad de presentarse a la corte de lo familiar para recuperarlos,
porque tienen prohibido el regreso a los Estados Unidos.
Ya en México, por el tiempo prologado en que estuvieron fuera del
país, no tienen documentos de identidad vigentes para acceder a derechos y
servicios básicos, desconocen los requisitos, procedimientos y el lugar para
tramitarlos. Para nadie es desconocido que, al no contar con la credencial para
votar con fotografía, careces de un documento oficial para identificarte, no
puedes cambiar un cheque o envíos de dinero del extranjero. En estos momentos
de contingencia con todas las dependencias públicas cerradas obtener
documentación que acredite identidad y nacionalidad mexicana se vuelve todavía
más complejo. A esto se suma que los documentos que tramitaron en los
consulados mexicanos, que podrían utilizar para identificarse (como la
credencial para votar, el pasaporte o la matricula consular) carecen de validez
oficial a pesar de haberlos expedido autoridades mexicanas.
Enfrentan desempleo y en el mejor de los casos acceden a trabajos
temporales, con bajos salarios y precarias condiciones de trabajo al carecer de
cartas de recomendación y documentación que acredite su experiencia laboral, lo
que les permitiría obtener mejores puestos de trabajo y mayor salario.
Éstas son solo algunas de las diversas dificultades que
cotidianamente pasan los deportados en su lucha para reconstruir y recuperar su
vida, su estabilidad emocional, económica, laboral y familiar. Retos que
enfrentan solos, porque no existen políticas públicas que atiendan a este
sector de la población, los únicos programas que había para brindarles algún
tipo de apoyo eran el Fondo de Apoyo a Migrantes [FAM] y el Programa Somos
Mexicanos que fueron eliminados del presupuesto federal en 2019.
No sólo es justo reconocer sus contribuciones, es necesario terminar con los estereotipos y prejuicios construidos alrededor del migrante deportado, dejar de discriminarlos y criminalizarlos, de reaccionar con hostilidad hacia ellos, para en cambio reconocer su dignidad como personas y como sujetos de derechos como ciudadanos mexicanos que son.
*El Colectivo
Migración sin Fronteras está conformado por: Albergue la Sagrada Familia AC, Un Mundo Una Nación AC, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena AC, y la Clínica Jurídica Trayecto 3 AC.
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