Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 12 de octubre de 2020) Activistas de la Coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés manifestaron su preocupación por la forma en que se implementará el Convenio Macro para el saneamiento de la cuenca Atoyac -Zahuapan, pues aseguran que no atiende el problema de fondo y no pone como prioridad las necesidades de familias asentadas a lo largo del afluente.
A tres años de la recomendación que emitiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacaron que este convenio no promueve la participación de la población que habita al margen de este río ni para la restauración ni para su saneamiento.
Cabe destacar que el pasado 28 de septiembre, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla firmaron un convenio con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de atender la problemática que aqueja a este río y a quienes habitan en sus inmediaciones.
Lamentaron que pueda tratarse de una simulación ante la cercanía del proceso electoral, al implementar medidas "parciales, no oportunas, incorrectas, a destiempo, con el uso de recursos federales y locales para acciones que no sirvieron o que ni siquiera existieron"; y que además esté condicionado por la "disponibilidad presupuestal" y que se ejecute sin actualizar normatividad que -dijeron- es obsoleta para atender ésta y otras regiones devastadas.
Asimismo, cuestionaron que se ponga énfasis en la construcción de infraestructura hidráulica por encima de la restauración de los suelos, aire y reparación del daño a las comunidades afectadas; mientras que deja a los municipios la facultad de clausurar empresas que contaminen los afluentes, suelos y aire, sin brindar alguna alternativa.
En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil anunciaron que permanecerán atentas a que este convenio y el Programa de Restauración Ecológica o de Saneamiento del Alto Atoyac abarquen la totalidad de la cuenca y no sólo los municipios sujetos al estudio; así como que se integre de manera explícita al Programa Nacional de Salud Humana y Ambiental que gestionan varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
De igual forma, mencionaron que estarán atentos a que este programa contemple las condiciones de descarga y a que no se incurra en errores cometidos en años anteriores; pues mantendrán la lucha por los derechos a la salud, el medio ambiente, la alimentación, el trabajo y a la participación política de todos los habitantes de la cuenca.
Finalmente, las activistas propusieron seis puntos respecto a este tema: metas precisas, auditorías, cobertura universal de agua potable y saneamiento; la restauración de los suelos en el lecho de los ríos y arroyos; la prevención, control y monitoreo de contaminación a futuro; el diseño y aplicación de un Plan Emergente de Salud para atender a quienes están enfermos por esta contaminación; que este plan cuente con los recursos económicos suficientes; y que se apliquen las medidas para resarcir el daño ocasionado a personas, economía, cultura y dignidad.
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