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martes, 10 de diciembre de 2019

Presentan diputados iniciativas en materia civil, financiera y de juicio político


Redacción (Tlaxcala, Tlax., 10 de diciembre de 2019) Para subsanar las imprecisiones que existen en el Código de Procedimientos Civiles del estado respecto a la figura del divorcio incausado, la Diputada Ma. de Lourdes Montiel Cerón, presentó una la iniciativa para adecuar diversas disposiciones de dicha normatividad.
En sesión ordinaria de este martes, la Legisladora local consideró necesario adecuar los artículos 1465 y 1465 bis del citado ordenamiento legal vigente en la entidad.
Añadió que, en los artículos antes referidos, se debe señalar que el solicitante de divorcio en esa modalidad, debe acompañar copia certificada del acta de matrimonio, así como del acta de nacimiento de todos los hijos que hayan procreado los cónyuges, no sólo de los menores de edad, para tener certeza de que no se violenten derechos de acreedores alimentarios o de cualquier otra índole.
Asimismo, propuso incorporar la realización de una junta o audiencia familiar que tenga dos propósitos fundamentales: el primero es exhortar a los cónyuges para que, de ser posible, sigan viviendo en matrimonio, y el segundo, para que en caso de que no sea posible que los consortes sigan haciendo vida en común, tengan la oportunidad de conversar en un plano neutral y objetivo, en presencia del personal judicial competente, a fin de procurar alcanzar acuerdos respecto de la propuesta y contra propuesta de convenio que hayan sido exhibidas en juicio.
Esa medida, dijo, tiene como propósito cuidar que no se violen derechos de terceros y velando por el interés superior de los menores, con la finalidad de resolver ese tipo de controversias de una manera conciliatoria que permita armonía en la convivencia de los intervinientes en dicho procedimiento.
La adecuación a esta norma, refirió Montiel Cerón, no generará una carga presupuestaria adicional al Estado de Tlaxcala, pues la institución del divorcio incausado, ya existe, se encuentra vigente y se aplica a través de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala que son competentes en materia familiar.

Con la finalidad de actualizar el procedimiento de juicio político, así como ampliar el catálogo de servidores públicos que podrán ser sujetos del mismo, el Diputado José María Méndez Salgado, propuso reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.
Justificó que la presentación de esta propuesta, tiene como objetivo replantear el procedimiento de juicio político, debido a que ya no cumple con los fines para los que fue creado en virtud de las deficiencias tanto técnicas, como impedimentos políticos para su eficaz aplicación.
Asimismo, sugirió establecer un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que el servidor público sea denunciado, para imponerse personalmente de los autos, los cuales estarán a su disposición en el cubículo que ocupa la presidencia de la Comisión Instructora.

La Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, presentó una iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para que los recursos económicos que no fueron ejercidos o aplicados al cierre de un ejercicio fiscal, sean reincorporados o distribuidos en el Presupuesto de Egresos subsecuente del Estado.
La propuesta presentada en la sesión de este martes establece que, concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo del Estado deberá entregar el informe de los recursos no ejercidos relativos a los fondos estatales presupuestados en el ejercicio fiscal inmediato anterior al Congreso del Estado, a más tardar el 15 de enero del siguiente año.
Derivado de ese informe, el Congreso del Estado, previa solicitud del Poder Ejecutivo, podrá autorizar que los recursos no ejercidos como provisiones económicas, fondos locales u otros, en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, se incorporen o redistribuyan para la ejecución y cumplimiento de políticas y programas que atiendan prioridades de la población en estado de vulnerabilidad en el año vigente.
De la misma manera propuso que a más tardar el 15 de enero, los entes públicos deberán reintegrar a la Secretaria de Planeación y Finanzas las transferencias locales etiquetadas o recursos que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido ejercidos.

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