Redacción (Tlaxcala, Tlax., 19 de septiembre de 2019) Con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas de violencia familiar en albergues públicos o privados, la Diputada Ana Bertha Mastranzo Corona, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala.
En el desarrollo de la sesión ordinaria de este jueves, la Diputada Local propuso facultar a la Comisión Técnica de Violencia Familiar dependiente del Consejo Consultivo de Asistencia Social del Estado, para proponer y promover la celebración de convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas para que cuenten con albergues.
Lo anterior, con el pleno objetivo de que las víctimas de violencia familiar sean canalizadas a estos lugares para salvaguardar su integridad, procurando que cuenten con las medidas de seguridad necesarias.
La Congresista argumentó que la violencia, principalmente contra las mujeres, es un problema de salud pública porque afecta la integridad física y emocional de quienes lo padecen, y de las niñas y niños que la atestiguan y/o la sufren directamente, situación que vulnera sus derechos humanos, en particular a su derecho a una vida libre de violencia.
Y es que refirió que de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Violencia Contra Mujeres (ENVIM) 2016, la Secretaría de Salud reconoció́ la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública y de alta prioridad por su prevalencia, y del total de entrevistadas, 33.3 por ciento refirió́ vivir violencia de pareja y 60 por ciento haberla vivido alguna vez en su vida.
Mientras que, por tipo de violencia, 28.5 por ciento reportó violencia psicológica, seguida de la física con 16.5 por ciento, la sexual con 12.7 por ciento y la económica con 4.4 por ciento; en tanto, las mujeres que refirieron violencia sexual que tienen antecedentes de abuso sexual en la infancia son el 13.3 por ciento y alguna vez en su vida el 25.2 por ciento.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de la Familia y su Desarrollo Integral y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
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