Zurya Escamilla Díaz (septiembre, 2019) Los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del
Estado dictaminaron las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018
que representaron un egreso total de 16 mil 932 millones 3 mil 423.17 pesos
entre los tres poderes, órganos autónomos, entes descentralizados, municipios,
comisiones de agua potable, patronatos y fideicomisos.
Las
observaciones por probable daño patrimonial en 2018 corresponden al seis por
ciento de la totalidad de recursos efectivamente ejercida y significan 530
millones 309 mil 878.06 pesos que presuntamente están relacionadas con una “pérdida
o menoscabo sufrido en el patrimonio de los entes fiscalizables estimado en
dinero por actos u omisiones que probablemente impliquen el incumplimiento de
una o más obligaciones en la ley de parte de los servidores o ex servidores
públicos.”
A
propósito, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, María del
Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, exhortó en la sesión del 12 de septiembre a no
dejar impune este probable daño a las arcas del estado y mencionó, en un primer
momento, que el monto observado durante 2018 fue de 548 millones 993 mil 259.32
pesos; pero más tarde en su intervención leyó 561 millones 498 mil 949.42.
Ciertamente,
es necesario precisar que en la suma efectuada por Expediente Político.Mx no se
contempla el presunto daño en que incurrió el Legislativo, dado que en el
dictamen presentado al pleno no se detalló.
Aun
así, entre las cantidades mencionadas por la legisladora hay una diferencia de
12 millones 505 mil 693.10 pesos. ¿A qué obedece? ¿Un error en la redacción del
discurso? ¿Es esa diferencia y la efectuada por este medio el probable daño en
que incurrió el Legislativo? Ésas, estimados lectores, son preguntas que
habremos de resolver en otro momento.
En
tanto, es preciso mencionar que en este proceso se dictaminaron 106 cuentas
públicas; sólo 14 fueron reprobadas y la suma de su probable daño a las arcas
públicas representó el 47.53 por ciento del total: 252 millones 44 mil 423.96
pesos.
El restante, 278 millones 265 mil 454.10 o
el 52.73 por ciento, corresponde a 91 entes públicos cuyas cuentas sí fueron
avaladas por los legisladores tlaxcaltecas.
En
60 entes, las observaciones fueron superiores al millón de pesos; en 23 de
ellos son superiores a los cinco millones de pesos; y, en 14, superan los 10
millones.
¿Cuál
fue el parámetro para determinar si aprobar o no estos dictámenes?
El
28 de mayo de este año, el pleno del Congreso del Estado aprobó las bases para
la dictaminación de las cuentas públicas 2018 y ahí estableció, en su fracción
quinta, un límite de siete por ciento de daño patrimonial respecto al
presupuesto devengado para su aprobación.
Cabe
señalar que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala no
establece un porcentaje o un monto estimado de daño patrimonial que pueda ser
considerado para la aprobación o no de estos dictámenes.
En
2018, sólo el Instituto del Catastro del Estado de Tlaxcala no tuvo observación
alguna por daño patrimonial y del propio legislativo es difícil decir; puesto
que -como ya mencionamos- en los dictámenes presentados ante el pleno y
difundidos públicamente, no se dio detalle de las observaciones que realizó el OFS.
¿Qué
representa el monto total del probable daño patrimonial de 2018?
Para
darse una idea, esos más de 530 millones de pesos equivalen al 59 por ciento de
los recursos fiscales contemplados para este año y el 53 por ciento del
presupuesto para inversión pública (capítulo 6 mil) que establece el
Presupuesto de Egresos 2019.
Es
106 por ciento más que el presupuesto destinado para los organismos autónomos
de la entidad que, sumados, tuvieron un recurso de 257 millones 356 mil 397.70
pesos; cerca de cinco millones más que el posible daño ejercido por los entes
cuyas cuentas fueron reprobadas.
Además,
con esos 530 millones de pesos alcanzaría para construir no uno, sino dos
hospitales generales, pues -según información del Gobierno del Estado- la
inversión es de 200 millones de pesos y aún quedarían 130 millones más, el 72
por ciento de lo requerido para la modernización del Estadio Tlahuicole.
Claro
que hablar de la suma general suena escandaloso y al distribuirlo entre los 104
entes fiscalizables que tuvieron observaciones, las cantidades son mucho
menores y van de los mil 539 pesos del Patronato del Centro Cultural La Libertad
hasta los 99 millones del Instituto Tlaxcalteca para la Infraestructura Física
Educativa (ITIFE).
Ese
siete por ciento establecido por el Congreso del Estado como punto de
referencia para aprobar o reprobar las cuentas públicas redunda en diferencias
importantes según el ente y el presupuesto devengado durante el año.
De
esta manera, aunque el Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud tuvo
observaciones por 41 millones de pesos, esta cifra representa apenas el 4.9 por
ciento de su presupuesto devengado y por ello su cuenta pública 2018 fue
aprobada.
En
contraste, el dictamen de la Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de
Instituciones de Educación Superior (Cossies) fue reprobado por presentar un
daño patrimonial de 490 mil 951.49 pesos que, sin embargo, representa el 37.3
por ciento del presupuesto ejercido.
La
diferencia es notoria, pues el probable daño patrimonial de Cossies representa
apenas el 1.2 por ciento del posible perjuicio del OPD Salud. De nuevo, la
segunda fue aprobada y la primera no.
Tan
sólo el recurso observado a OPD Salud es cercano al Fondo de Aportaciones para
la Educación Tecnológica 2019 que fue de 42 millones.
¿Qué
tipo de observaciones realizó el OFS a los entes fiscalizables?
El
13.8 por ciento de los recursos observados corresponden a deudores diversos por
utilización de recursos en fines distintos a los autorizados; esto es 73.4
millones de pesos; y el 12.3 por ciento (65.3 millones) por pagos
improcedentes.
Además,
58 millones (10.9 por ciento) están relacionados con recursos públicos
faltantes; 45.8 millones (8.6 por ciento) por pagos efectuados sin acreditar su
recepción o aplicación en los fines del ente; 45.5 millones (8.6 por ciento)
por pago a proveedores, prestadores de servicios o contratistas sin acreditar
la recepción del bien o servicio.
También,
48.7 millones de pesos que corresponden tanto a volúmenes como a conceptos de
obra que fueron pagados, pero no ejecutados; a los que se suman 27.8 millones
de pesos por impuestos, cuotas y derechos retenidos que no fueron enterados.
Llaman
la atención 40.5 millones de pesos (7.6 por ciento) por obras y conceptos que
no fueron fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria para su
ejecución y un millón 890 mil pesos por utilización de recursos para préstamos
personales.
Los
reprobados
Como decíamos en un inicio, son 14 los
dictámenes que fueron reprobados por la LXIII Legislatura al tener un probable
daño patrimonial que excede el siete por ciento del presupuesto devengado
durante 2018.
Tzompantepec
con nueve millones 791 mil 679 pesos (11.5%): 5.9 de ellos por volúmenes de
obra no ejecutados y conceptos no fiscalizados por ocultamiento de
documentación comprobatoria para su ejecución.
En
Zitlaltepec, de los 17.1 millones de pesos (48.7%) de presunto daño
patrimonial, seis corresponden a la utilización de recursos en fines distintos
a los autorizados, 3.2 mdp a pagos sin acreditar la recepción del bien o
servicio y 2.9 mdp a recursos otorgados no comprobados.
De los 490 mil pesos por probable daño
patrimonial que le fueron observados a Cossies: 275 mil fueron por el pago a
proveedores, prestadores de servicios o contratistas sin acreditar la recepción
de bien o servicio.
En
Ixtenco, donde la tensión entre el alcalde y la síndico sigue latente, el
probable daño patrimonial se dio por 5.9 millones de pesos: 1.3 fueron por
gastos pagados sin documentación comprobatoria, 1.2 mdp de pagos improcedentes
y un millón más por pagos sin acreditar la recepción del bien o servicio.
En
el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), el posible daño patrimonial fue de
1.8 mdp; de los cuales, 252 mil fueron por gastos sin documentación
comprobatoria. En tanto que de los 3.3 millones observados a Huactzinco, 1.1
millones fueron en ese mismo sentido.
De
los 11.5 millones observados a Apetatitlán: 1.1 fueron por gastos sin
documentación comprobatoria y en similar cantidad por pagos improcedentes, uso
de recursos para fines distintos a los del ente y recursos no comprobados.
Además de 2.1 millones por pagos a proveedores, servidores públicos y
contratistas sin acreditar la recepción del bien y 1.4 mdp por recursos
públicos faltantes.
Por
lo que respecta a Tequexquitla, tan sólo 10.9 millones, de los 17.9 observados
por el OFS, corresponden a uso de recurso en fines distintos a los autorizados.
Mientras que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tres millones de
3.1 que corresponden a un posible daño patrimonial fueron por pagos improcedentes.
En
Axocomanitla, los 1.8 millones de pesos observados están principalmente
distribuidos entre pagos improcedentes, pago de sueldos y remuneraciones por
servicios no recibidos y recaudación no enterada; rubros que superan los 250
mil pesos cada uno.
Finalmente,
en Zacatelco, donde la observación ascendió al 60.5 por ciento del presupuesto
devengado (más de 56 millones de pesos): 38.3 mdp son por la utilización de
recursos para fines distintos a los autorizados.
¿Qué
viene ahora?
El
Congreso deberá notificar a los entes sobre estos resultados y ellos tendrán 30
días a partir de entonces para presentar una propuesta de solventación…
¿prosperará? ¿Se recuperarán los recursos?
Aunque
el OFS debe iniciar procedimientos penales por estos hechos contra quien
resulte responsable y ellos tienen que reintegrar hasta tres partes del monto
con el que se beneficiaron o que se ejerció en perjuicio de la hacienda
pública; hasta el momento hay pocas esperanzas de que así sea.
Como
ejemplo, el llamado que hiciera la diputada María del Rayo Netzáhuatl para no
dejar impunes los cuatro mil 89 millones 897 mil 656.19 pesos que han resultado
del daño patrimonial en los últimos seis años y, de los cuales, el correspondiente
a las cuentas públicas recién revisadas corresponde al 12.9 por ciento.
Convocó
a sus compañeros de partido -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- y de
legislatura a combatir todas las formas de corrupción, no sólo aquellas que
impliquen dinero, sino que lleven en sí mentira y simulación.
La
diputada exigió a todos los órdenes del Estado y niveles de gobierno recuperar
esos más de cuatro mil millones de pesos que equivalen a la construcción de 6.8
modernizaciones de la carreta Apizaco-Tlaxcala, a devolverlos al pueblo y
evitar que estos actos de corrupción queden impunes.
¿Será
este llamado suficiente para recuperar esta cantidad de recursos que, tras
cinco años, no se ha podido determinar su destino final? Sin duda, es preciso
que puedan hacerlo antes de que las responsabilidades prescriban.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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