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domingo, 22 de septiembre de 2019

Cuentas públicas 2018, ¿qué hacer con 500 millones de pesos?




Zurya Escamilla Díaz (septiembre, 2019) Los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado dictaminaron las cuentas públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 que representaron un egreso total de 16 mil 932 millones 3 mil 423.17 pesos entre los tres poderes, órganos autónomos, entes descentralizados, municipios, comisiones de agua potable, patronatos y fideicomisos.
Las observaciones por probable daño patrimonial en 2018 corresponden al seis por ciento de la totalidad de recursos efectivamente ejercida y significan 530 millones 309 mil 878.06 pesos que presuntamente están relacionadas con una “pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de los entes fiscalizables estimado en dinero por actos u omisiones que probablemente impliquen el incumplimiento de una o más obligaciones en la ley de parte de los servidores o ex servidores públicos.”
A propósito, la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, exhortó en la sesión del 12 de septiembre a no dejar impune este probable daño a las arcas del estado y mencionó, en un primer momento, que el monto observado durante 2018 fue de 548 millones 993 mil 259.32 pesos; pero más tarde en su intervención leyó 561 millones 498 mil 949.42. 
Ciertamente, es necesario precisar que en la suma efectuada por Expediente Político.Mx no se contempla el presunto daño en que incurrió el Legislativo, dado que en el dictamen presentado al pleno no se detalló.
Aun así, entre las cantidades mencionadas por la legisladora hay una diferencia de 12 millones 505 mil 693.10 pesos. ¿A qué obedece? ¿Un error en la redacción del discurso? ¿Es esa diferencia y la efectuada por este medio el probable daño en que incurrió el Legislativo? Ésas, estimados lectores, son preguntas que habremos de resolver en otro momento.
En tanto, es preciso mencionar que en este proceso se dictaminaron 106 cuentas públicas; sólo 14 fueron reprobadas y la suma de su probable daño a las arcas públicas representó el 47.53 por ciento del total: 252 millones 44 mil 423.96 pesos.
El restante, 278 millones 265 mil 454.10 o el 52.73 por ciento, corresponde a 91 entes públicos cuyas cuentas sí fueron avaladas por los legisladores tlaxcaltecas.
En 60 entes, las observaciones fueron superiores al millón de pesos; en 23 de ellos son superiores a los cinco millones de pesos; y, en 14, superan los 10 millones.

¿Cuál fue el parámetro para determinar si aprobar o no estos dictámenes?
El 28 de mayo de este año, el pleno del Congreso del Estado aprobó las bases para la dictaminación de las cuentas públicas 2018 y ahí estableció, en su fracción quinta, un límite de siete por ciento de daño patrimonial respecto al presupuesto devengado para su aprobación.
Cabe señalar que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala no establece un porcentaje o un monto estimado de daño patrimonial que pueda ser considerado para la aprobación o no de estos dictámenes. 
En 2018, sólo el Instituto del Catastro del Estado de Tlaxcala no tuvo observación alguna por daño patrimonial y del propio legislativo es difícil decir; puesto que -como ya mencionamos- en los dictámenes presentados ante el pleno y difundidos públicamente, no se dio detalle de las observaciones que realizó el OFS.

¿Qué representa el monto total del probable daño patrimonial de 2018?
Para darse una idea, esos más de 530 millones de pesos equivalen al 59 por ciento de los recursos fiscales contemplados para este año y el 53 por ciento del presupuesto para inversión pública (capítulo 6 mil) que establece el Presupuesto de Egresos 2019.
Es 106 por ciento más que el presupuesto destinado para los organismos autónomos de la entidad que, sumados, tuvieron un recurso de 257 millones 356 mil 397.70 pesos; cerca de cinco millones más que el posible daño ejercido por los entes cuyas cuentas fueron reprobadas.
Además, con esos 530 millones de pesos alcanzaría para construir no uno, sino dos hospitales generales, pues -según información del Gobierno del Estado- la inversión es de 200 millones de pesos y aún quedarían 130 millones más, el 72 por ciento de lo requerido para la modernización del Estadio Tlahuicole.
Claro que hablar de la suma general suena escandaloso y al distribuirlo entre los 104 entes fiscalizables que tuvieron observaciones, las cantidades son mucho menores y van de los mil 539 pesos del Patronato del Centro Cultural La Libertad hasta los 99 millones del Instituto Tlaxcalteca para la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).
Ese siete por ciento establecido por el Congreso del Estado como punto de referencia para aprobar o reprobar las cuentas públicas redunda en diferencias importantes según el ente y el presupuesto devengado durante el año. 
De esta manera, aunque el Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud tuvo observaciones por 41 millones de pesos, esta cifra representa apenas el 4.9 por ciento de su presupuesto devengado y por ello su cuenta pública 2018 fue aprobada.
En contraste, el dictamen de la Coordinación del Servicio Social de Estudiantes de Instituciones de Educación Superior (Cossies) fue reprobado por presentar un daño patrimonial de 490 mil 951.49 pesos que, sin embargo, representa el 37.3 por ciento del presupuesto ejercido.
La diferencia es notoria, pues el probable daño patrimonial de Cossies representa apenas el 1.2 por ciento del posible perjuicio del OPD Salud. De nuevo, la segunda fue aprobada y la primera no.
Tan sólo el recurso observado a OPD Salud es cercano al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 2019 que fue de 42 millones.

¿Qué tipo de observaciones realizó el OFS a los entes fiscalizables?
El 13.8 por ciento de los recursos observados corresponden a deudores diversos por utilización de recursos en fines distintos a los autorizados; esto es 73.4 millones de pesos; y el 12.3 por ciento (65.3 millones) por pagos improcedentes.
Además, 58 millones (10.9 por ciento) están relacionados con recursos públicos faltantes; 45.8 millones (8.6 por ciento) por pagos efectuados sin acreditar su recepción o aplicación en los fines del ente; 45.5 millones (8.6 por ciento) por pago a proveedores, prestadores de servicios o contratistas sin acreditar la recepción del bien o servicio.
También, 48.7 millones de pesos que corresponden tanto a volúmenes como a conceptos de obra que fueron pagados, pero no ejecutados; a los que se suman 27.8 millones de pesos por impuestos, cuotas y derechos retenidos que no fueron enterados. 
Llaman la atención 40.5 millones de pesos (7.6 por ciento) por obras y conceptos que no fueron fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria para su ejecución y un millón 890 mil pesos por utilización de recursos para préstamos personales.

Los reprobados
Como decíamos en un inicio, son 14 los dictámenes que fueron reprobados por la LXIII Legislatura al tener un probable daño patrimonial que excede el siete por ciento del presupuesto devengado durante 2018.
Destaca el ITIFE con 99 millones 93 mil 744 pesos (22 por ciento de posible daño patrimonial); 52 de los cuales corresponden a recursos públicos faltantes.
Tzompantepec con nueve millones 791 mil 679 pesos (11.5%): 5.9 de ellos por volúmenes de obra no ejecutados y conceptos no fiscalizados por ocultamiento de documentación comprobatoria para su ejecución.
En Zitlaltepec, de los 17.1 millones de pesos (48.7%) de presunto daño patrimonial, seis corresponden a la utilización de recursos en fines distintos a los autorizados, 3.2 mdp a pagos sin acreditar la recepción del bien o servicio y 2.9 mdp a recursos otorgados no comprobados.
De los 490 mil pesos por probable daño patrimonial que le fueron observados a Cossies: 275 mil fueron por el pago a proveedores, prestadores de servicios o contratistas sin acreditar la recepción de bien o servicio.
Mientras que a Contla le observaron más de ocho millones de pesos: 3.2 de los cuales fueron por impuestos y derechos recaudados no enterados y dos por pagos improcedentes. Por lo que respecta a Quilehtla, las observaciones ascendieron a 7.9 mdp; de los cuales 2.6 mdp fueron utilizados para fines distintos a los autorizados y 1.3 mdp a volúmenes de obra pagados y no ejecutados. 
En Ixtenco, donde la tensión entre el alcalde y la síndico sigue latente, el probable daño patrimonial se dio por 5.9 millones de pesos: 1.3 fueron por gastos pagados sin documentación comprobatoria, 1.2 mdp de pagos improcedentes y un millón más por pagos sin acreditar la recepción del bien o servicio.
En el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), el posible daño patrimonial fue de 1.8 mdp; de los cuales, 252 mil fueron por gastos sin documentación comprobatoria. En tanto que de los 3.3 millones observados a Huactzinco, 1.1 millones fueron en ese mismo sentido.
De los 11.5 millones observados a Apetatitlán: 1.1 fueron por gastos sin documentación comprobatoria y en similar cantidad por pagos improcedentes, uso de recursos para fines distintos a los del ente y recursos no comprobados. Además de 2.1 millones por pagos a proveedores, servidores públicos y contratistas sin acreditar la recepción del bien y 1.4 mdp por recursos públicos faltantes.
Por lo que respecta a Tequexquitla, tan sólo 10.9 millones, de los 17.9 observados por el OFS, corresponden a uso de recurso en fines distintos a los autorizados. Mientras que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tres millones de 3.1 que corresponden a un posible daño patrimonial fueron por pagos improcedentes.
En Axocomanitla, los 1.8 millones de pesos observados están principalmente distribuidos entre pagos improcedentes, pago de sueldos y remuneraciones por servicios no recibidos y recaudación no enterada; rubros que superan los 250 mil pesos cada uno. 
Finalmente, en Zacatelco, donde la observación ascendió al 60.5 por ciento del presupuesto devengado (más de 56 millones de pesos): 38.3 mdp son por la utilización de recursos para fines distintos a los autorizados.

¿Qué viene ahora?
El Congreso deberá notificar a los entes sobre estos resultados y ellos tendrán 30 días a partir de entonces para presentar una propuesta de solventación… ¿prosperará? ¿Se recuperarán los recursos?
Aunque el OFS debe iniciar procedimientos penales por estos hechos contra quien resulte responsable y ellos tienen que reintegrar hasta tres partes del monto con el que se beneficiaron o que se ejerció en perjuicio de la hacienda pública; hasta el momento hay pocas esperanzas de que así sea.
Como ejemplo, el llamado que hiciera la diputada María del Rayo Netzáhuatl para no dejar impunes los cuatro mil 89 millones 897 mil 656.19 pesos que han resultado del daño patrimonial en los últimos seis años y, de los cuales, el correspondiente a las cuentas públicas recién revisadas corresponde al 12.9 por ciento.
Convocó a sus compañeros de partido -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- y de legislatura a combatir todas las formas de corrupción, no sólo aquellas que impliquen dinero, sino que lleven en sí mentira y simulación.
La diputada exigió a todos los órdenes del Estado y niveles de gobierno recuperar esos más de cuatro mil millones de pesos que equivalen a la construcción de 6.8 modernizaciones de la carreta Apizaco-Tlaxcala, a devolverlos al pueblo y evitar que estos actos de corrupción queden impunes.
¿Será este llamado suficiente para recuperar esta cantidad de recursos que, tras cinco años, no se ha podido determinar su destino final? Sin duda, es preciso que puedan hacerlo antes de que las responsabilidades prescriban.

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