Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 13 de agosto de 2019) Gran encono ha generado entre la sociedad y algunas organizaciones la postura que ha emprendido el ayuntamiento de Apizaco -particularmente el alcalde y un regidor- respecto al Albergue La Sagrada Familia.
El pasado fin de semana han emitido diversos pronunciamientos para reiterar su apoyo a esta organización que surge para atender a un grupo vulnerable que el Estado -llámese poderes y distintos órdenes de gobierno- ha dejado a un lado: los migrantes. Pero no sólo a ellos, como reportábamos hace algunos días, también a personas con problemas mentales, extraviadas, heridas o en la indigencia.
Ha sido muy fácil para el ayuntamiento en mención lavarse las manos con los vecinos que solicitaron la colocación de una malla para evitar que pasen las personas en tránsito que viajan en La Bestia desde Centroamérica y desde los estados del sur de México.
Les han acusado de diversos crímenes, pero en realidad no hay datos que respalden esta acusación; hasta el momento no hay cuenta de que sean ellos quienes atentan contra la integridad física o patrimonial de los apizaquenses.
Claro que en una actitud populista, a fin de usar el miedo colectivo en su beneficio, el gobierno encabezado por Julio César Hernández Mejía ha apoyado acciones que vale cuestionar si son las adecuadas para garantizar la seguridad de los apizaquenses o sólo es un paliativo para evitar una actitud negativa en contra de la administración que representa.
En redes sociales, él mismo ha publicado en diversas ocasiones su descontento y molestia porque al detener a presuntos delincuentes, las víctimas deciden no denunciar; resultado de lo cual, varios de ellos vuelven a delinquir.
Cierto, como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar y corresponde a las autoridades el preguntarse ¿por qué la gente no denuncia? ¿por qué a pesar de los esfuerzos -por lo menos aparentes- de las corporaciones estatales, federales y municipales, la ciudadanía no confía en ellas? ¿qué no están haciendo o qué no están haciendo bien?
El asalto frustrado la semana pasada en pleno centro de ese municipio, ¿también fue culpa de los migrantes? o tal vez sea parte de algo más grande que las autoridades se esfuerzan por ocultar o que se niegan a ver... cualquiera de las dos opciones, en todo caso, es preocupante.
La mayor preocupación de las organizaciones y debería ser para toda la sociedad de Apizaco, es que cierren La Casa del Migrante. ¡Y cómo no! Cerrarlo implica no sólo vulnerar los derechos de este sector, sino que las cerca de siete mil personas que atienden en un año quedarían desamparadas en su paso por la ciudad, posiblemente tendrían que dormir en la calle y, sinceramente, no creo que los vecinos que habitan cerca de las vías del tren lo prefieran.
De nuevo, no sólo son los migrantes; sino las personas en situación vulnerable que llegan allá, a menudo enviadas por las mismas autoridades que, bien saben, no tienen manera de atender.
Si éste es el punto al que pretenden llegar, ojalá tengan un plan para atender a esta población y que su miopía no ocasione más problemas de los que ya enfrentan.
Por último, es interesante, también, la doble moral porque no parece ser un problema que Apizaco sea el mayor receptor de remesas, con 30.5 millones de dólares en los primeros seis meses de este año.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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