Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 29 de julio de 2019) El Centro Fray Julián Garcés (CFJG) pidió al Gobierno del Estado, encabezado por Marco Antonio Mena Rodríguez, no minimizar la problemática de la trata de personas y reconocer sus particularidades en el estado de Tlaxcala.
De este modo, Emilio Muñoz Berruecos, detalló que entre 2012 y 2017, el gobierno estatal reportó 62 actas circunstanciadas y 46 averiguaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); mientras que en el Programa Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas, reportó 54 averiguaciones previas y ningún acta circunstanciada.
Además, derivado de solicitudes de información les indicaron que hubo 75 actas circunstanciadas y 52 averiguaciones previas por estos delitos.
Por ello, Alejandra Méndez Serrano, directora del CFG, enfatizó que las autoridades estatales reportan diferentes cifras a la CNDH, a otras instancias públicas, a medios y a organizaciones de la sociedad civil; lo que impide tener un panorama preciso de este delito.
En consecuencia, pidieron a Marco Mena ser responsable de sus declaraciones, pues en referencia al Foro "Estrategias para Garantizar los Derechos Humanos en materia de Trata de Personas", aseguró que el abordaje del tema posee un sesgo y enumeró las acciones que ha emprendido su administración respecto a este tema.
En este sentido, el Centro Fray Julián Garcés hizo un recuento de 12 investigaciones en las que se caracteriza el problema en Tlaxcala y reiteró que la falta de coincidencia en las cifras y de coordinación entre instituciones de todos los niveles de gobierno y de los órganos del Estado impiden combatir el problema.
Muestra de ello, es que de un total de 200 denuncias, sólo se han emitido tres sentencias y que de 154 víctimas, sólo 16 han sido canalizadas a algún refugio. Por cierto, indicó que no hay algún albergue especializado para estas víctimas, lo que les impide continuar con los proceso legales.
Sobre una disminución en el número de denuncias, comentó que no obedecen a que el el problema sea menor, sino a la falta de confianza en las autoridades.
Al respecto, Ixchel Yglesias González Baez, investigadora, detalló que la percepción ciudadana ubica que en 40 de los 60 municipios de Tlaxcala persiste esta problemática. Abundó que la entidad se identifica como el lugar donde redes de tratantes dirigen sus operaciones hacia diversos puntos de la República y algunos estados de Estados Unidos.
La directora del CFG agregó que el mandatario tlaxcalteca no ha mencionado, en ningún momento, el programa que se trabajó a la par de las organizaciones, pero que fue modificado previo a su publicación.
Puntualizó que el documento que carece de objetivos claros e indicadores que les permitan conocer el avance; por esta razón, "nos desligamos del programa porque no fue lo que acordamos", subrayó.
En conclusión, Fernando Cuatecontzi Galicia (a nombre de organizaciones de la iniciativa popular y la academia) urgió al gobierno estatal a impulsar -desde la Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe)- un programa educativo para prevenir la violencia y trata de mujeres y niñas; a garantizar un registro adecuado, transparente y accesible de información; y a realizar una coordinación eficaz con las instancias competentes.
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