A través de un comunicado, las organizaciones hicieron saber que en la audiencia celebrada en la úlima semana de octubre, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) responsabilizó al Estado Mexicano de promover un modelo económico y productivo que favorece el interés privado sobre el público; lo que ha impactado significativamente la salud humana.
Asimismo, indicadon que el Estado ha incumplido con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos a un ambiente sano, de acceso al agua, a la salud y alimentación.
En este sentido, destacaron que en las poblaciones localizadas en la ribera del Atoyac-Zahuapan, cada cinco horas muere una persona por cáncer; a lo que se suman fallecimientos por insufiencia renal y abortos espontáneos.
En consecuencia, el TLA exhortó a las cerca de 20 mil 400 empresas industriales contaminantes a comprometerse, junto a las autoridades, a un plan de rehabilitación del vital líquido de este afluente.
Además, solicitará al gobierno electo atención prioritaria a esta cuenca, con la participación efectiva de científicos y de las comunidades afectadas.
Finalmente, pedirán que equipos competentes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se apersonen hasta la cuenca para verificar la actuación de la industria privada en ella.
Además de ellas, las ONGs iniciarán una campaña de información en las comunidades sobre los resultados de la audiencia.
Reiteraron su disposición para trabajar junto a las autoridades en un Plan de Restauración Ecológica de la cuenca; con forme a lo establecido en la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por último, mencionaron que además de la problemática en este afluente, persisten problemas similares en el Lago de Chapala en Jalisco; en los ríos Sonora y Bacanuchi en Sonora; y en los Valles Centrales de Oaxaca.
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