Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, Tlax., 9 de agosto de 2018) Vecinos Guadalupe Ixcotla, en Chiautempan, amagaron con iniciar un procedimiento de Juicio Político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) por la resolución emitida el pasado lunes en el sentido de reinstalar a Cruz Hernández Pérez como presidente de esa comunidad.
A nombre de los inconformes, Bricia Fabiola Fierro González anunció que iniciarán un procedimiento ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre este tema y solicitarán como medida cautelar suspender la ejecución de la sentencia que, aseveraron, viola los derechos humanos de la población.
Señalaron que en las audiencias para el desahogo de este caso, en ningún momento fue solicitada la presencia de Crispín Pluma Ahuactzi -quien fue electo en asamblea en marzo pasado para sustituir a Hernández Pérez.
Es de recordar que que Cruz Hernández fue electo en 2017 para un periodo de dos años cuatro meses; sin embargo los ciudadanos de Ixcotla solicitaron su destitución en marzo de este año, pues lo acusaron de presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo y el manejo de recursos públicos.
Asimismo, los manifestantes le señalaron por pretender apropiarse de recursos destinados al gasto corriente, correspondientes a los meses de mayo, junio y julio, que ascienden a cerca de 160 mil pesos.
Mencionaron que esta falta de certidumbre en el gobierno de Ixcotla ya les ha generado problemas con los servicios como el alumbrado, el drenaje, la seguridad pública. En este sentido, Gregorio Quechol señaló que Hernández Pérez presuntamente se apropió de 28 mil pesos para el pago dela gua potable; por lo que la comisión no cuenta con el dinero para pagar la electricidad y eso podría dejarles sin el servicio del vital líquido el próximo mes.
Mariano Pinillo Romano aseguró que si bien Cruz Hernández fue electo mediante una asamblea en un sistema de usos y costumbres, también puede ser removido del cargo ante la inconformidad de la ciudadanía.
Entre las presuntas irregularidades de las que se le acusó están el borrar los archivos históricos de la comunidad, desaparecer documento de trámites de alcantarillado y la sustracción de una computadora.
Además, indicaron que no llevó un registro de ciudadanos fallecidos en 2017, cuando se presentaron cerca de 48 decesos; por cada uno de los cuales se tiene que cobrar una cuota.
Finalmente, los inconformes recalcaron que se conducirán por la vía legal para lograr una solución pacífica de este conflicto.
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