Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 22 de marzo de 2022) Agremiados a la delegación D-III-1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron esta mañana las instalaciones del complejo de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (USET) luego de que intentaran reunirse con el secretario de educación, Homero Meneses Hernández, quien no se lo encontraba en el lugar.
Los agremiados desalojaron de oficinas a jefes de departamento y personal que labora en USET, cerraron las puertas del complejo y detuvieron las actividades que se desarrollaban con normalidad hasta las 10 horas. Trabajadores de SEPE a quienes también desalojaron de oficinas, pero no dejaron salir del complejo, optaron por saltar la barda. Algunos más permanecieron en el complejo.
Piden la salida de Homero Meneses como secretario de educación, a quien acusaron de nepotismo, hostigamiento, amenazas, desprestigio del personal; de afectar con "prácticas de austeridad" a los trabajadores más vulnerables y por tener acuerdos lícitos en el proceso de entrega-recepción con su antecesor.
"En una reingeniería Salinista, en lugar de optimizar recursos, buscan el control y sometimiento del docente", manifestaron antes de acusar que el funcionario pretende aplicar un reglamento promulgado por el exgobernador Mariano González que violenta sus derechos laborales, de desconocer la autonomía sindical y de rehusar sumarse a una mesa de negociación.
Exigieron auditoría a los procesos de promoción de personal y expusieron que no se siguieron los procedimientos para crear la "Dirección de Atención Ciudadana" a la que destinaron dos millones 200 mil pesos. También se refierieron al desmantelamiento de departamentos y coordinaciones; a la creación de coordinaciones territoriales sin un proyecto que las justifique, así como al nombramiento en mandos medios y superiores a familias completas.
Señalaron que ha habido despido de personal de confianza con el argumento de la austeridad, pero contrataciones nuevas con salarios tres veces mayores; además de que buscan atentar contra prestaciones de los trabajadores.
"Están haciendo de la SEPE-USET un negocio blindado con comercializadoras, constructoras, con venta de plazas, promociones verticales y horizontales de los docentes, a su entera satisfacción personal y de sus más cercanos colaboradores", se lee en el documento donde exponen por qué debe salir Meneses Hernández.
Hasta el lugar acudió el secretario general de la sección 31, Cutberto Chávez de la Rosa, quien refirió a este medio de comunicación que entablarán una mesa de negociación con el secretario de gobierno, Sergio González Hernández, para presentarles estas inquietudes resumidas en 33 puntos.
Comentó que han visto atropellados los derechos laborales de sus agremiados como el hecho de que trabajadores de confianza con entre cinco y 10 años de antigüedad han sido despedidos mientras tenían incapacidad por salud, documento que presentarán para exigir su reinstalación inmediata.
Si bien no precisó el número de trabajadores afectados, comentó que es una cantidad considerable y recordó que son alrededor de 500 los agremiados que laboran en este complejo.
Luego de intentar reunirse con Meneses Hernández, la delegada del SNTE, Gwendoline Amaro Ramírez, llamó a sus compañeros a mantener la unidad sin importar si son trabajadores de base, confiaza u honorarios. Asimismo invitó a los trabajadores de la Sección 55 y de los sindicatos de trabajadores estatales a sumarse para luchar por sus derechos laborales.
Dijo que entre los puntos a tratar con las autoridades de gobierno está la pretensión de fusionar SEPE y USET, pues consideran que se verán vulnerados los derechos de los trabajadores.
"No hay ningún argumento jurídico y administrativo. Están pasando dinero de un lado a otro de modo que va a repercutir posteriormente a las finanzas de los compañeros", manifestó antes de que la comisión se retirara hacia Palacio de Gobierno para la negociación.
En un mensaje enviado a jefes de departamento, Meneses Hernández pidió no confrontarse con la parte inconforme; refirió que los 33 señalamientos son falsos, acusó a Amaro Hernández de actos de corrupción al retirar una plaza a un trabajador para otorgarla a un familiar y señaló que como secretaría tienen la facultad de quitársela.
"Lo que tenemos que hacer es permanecer en calma, no vamos a usar la fuerza pública. Tenemos la razón, tenemos los argumentos. Ustedes vean, de los 33 puntos que están planteando, ninguno se sostiene más que una situación de pliegos. Es una cuestión de difamación, de insultos como es el estilo desgraciadamente de Gwendoline, pero no debemos caer en ese tema", indicó.
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