Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala,
Tlax., 3 de abril de 2018) Inician las campañas federales, inician con al menos
30 aspirantes a cargos de elección popular asesinados entre septiembre de 2017
y febrero de este año, según el último reporte de la Secretaría de Gobernación.
Comienzan con al menos 25
periodistas desaparecidos en todo el país, de acuerdo a la organización Periodistas
de a Pie, y con 12 comunicadores más que fueron asesinados en 2017; año reconocido –a
propósito- por ser el más violento en la historia con 29 mil 168 muertos.
Arrancan tras una serie de
escándalos de corrupción que involucran a funcionarios del actual gobierno y a
quienes ya están en la contienda por la presidencia. Ninguno –por cierto- se
escapa de los señalamientos, a pesar de su insistencia y la de sus equipos para
negar o justificar.
Empiezan con un importante recorte
presupuestal al árbitro electoral tanto nacional como local. ¡Ojo! No es el
recurso en sí mismo el que preocupa, la falta de éste –si efectivamente impacta
el desarrollo del proceso- tendrá que subsanarse ya sea con un ajuste a las
finanzas, con el aplazamiento de proyectos o con la solicitud de más recursos.
Sin embargo, este asunto trae de
vuelta la discusión sobre la autonomía de los órganos electorales; pues aún con
el entendido de que el recorte y una consecuente ampliación presupuestal no
comprometan su imparcialidad, estar a merced de un Ejecutivo y un Legislativo
poco interesados en garantizar los procesos, sí obstruye el desarrollo
democrático.
Recién el 11 de septiembre del año
anterior, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) visitaron la
entidad para dialogar con el gobernador Marco Mena sobre una ampliación al
presupuesto del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) y en aquella ocasión
se pactaron ocho millones de pesos más.
En esa conferencia de prensa surgió
la pregunta sobre qué tendrían que hacer los órganos para evitar hacer una
solicitud de esa naturaleza y, más aún, que tuvieran que venir los funcionarios
federales a interceder por el OPLE.
Tras respirar hondo, el consejero
Ciro Murayama refirió que, en lo futuro, los organismos tendrían que
fundamentar por qué era importante respetar los recursos proyectados por el
ITE, de modo que los legisladores lo pudieran comprender a cabalidad.
El resultado, tres meses después el
INE fue notificado de un recorte de 800 millones de pesos a su presupuesto;
mientras que al ITE le disminuyeron 52 millones.
Si bien el mandatario tlaxcalteca
ya refirió que apoyará al instituto, aunque no con la cantidad solicitada, y
explicó que la limitación presupuestal obedece a que la mayor parte de los
recursos se destinan a las prerrogativas de los partidos políticos; el hecho es
que –para usar sus propias palabras- se han sobrepasado límites que no debían
rebasarse.
Las campañas comienzan y a poco
menos de noventa días para la jornada electoral, aún no parece haber propuestas
claras para atender la inseguridad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y la
impunidad que prevalece en todas ellas; ni del gobierno ni de los candidatos.
El inicio de estas campañas huele,
por un lado, a incertidumbre sobre el resultado y, por otro, a la certeza de la
condena, venga de quien venga.
Los 89 millones 333 mil 334 ciudadanos
que integran la lista nominal tendrán, como cada proceso, la difícil tarea de
decidir quién dirigirá el curso de la nación, quiénes representarán
a las entidades en el Senado y a los ciudadanos en la Cámara de Diputados.
Llega el proceso electoral y pasará
más rápido de lo que parece. Después vendrá la necesidad de revalorar, evaluar
y proponer nuevas reformas a las instituciones democráticas de este país.
Ojalá -ésta es una vana
esperanza- en esta ocasión prevalezcan los intereses de un país y no los de una clase
política que observa desde la barrera la violencia, las desigualdades y las
incongruencias de un sistema democrático.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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