¿Una Comisión sin derechos humanos?

Por Z. Escamilla.

Tlaxcala, Tlax. Jueves, 10 de diciembre de 2015.

El día de hoy, se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos y, en la ceremonia, el ombudsman del país -Luis Raúl González Pérez- afirmó: “Es momento de que México reafirme su convicción en la verdad y en la justicia”. Esto, sin embargo, resulta contrastante con la realidad de este tema en el contexto local.

El pasado julio se dio comienzo a un proceso para renovar la presidencia y consejo consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Si bien el plazo para elegir a estos nuevos integrantes se vencía el 4 de agosto, han pasado casi seis meses desde la publicación de la convocatoria y aún no hay nombramientos.

La Constitución de Tlaxcala señala que el titular de este organismo deberá ser electo por las dos terceras partes de los legisladores; en tanto que el Consejo Consultivo lo será por mayoría. Asimismo, es mandato de las Constituciones federal y local (artículos 102-B y 96 respectivamente) que la lista de aspirantes a ocupar la presidencia debería ser sometida a consulta pública.

No obstante, el Congreso omitió esta parte del procedimiento en la convocatoria emitida el 25 de junio de este año; misma que contempla las fases de: registro, evaluación curricular y entrevista. Por lo que el día 8 de julio, las comisiones legislativas encargadas del proceso emitieron un comunicado sometiendo a la consideración de las organizaciones no gubernamentales las listas de aspirantes.

La votación estaba programada para el 31 de julio. Al presentar el dictamen, algunos diputados se pronunciaron porque éste se repusiera porque el pleno no conocía los expedientes de los aspirantes; a pesar de que la base sexta en la convocatoria señala expresamente que estarían a la disposición de los demás legisladores y de que efectivamente desde esa fecha han aparecido en la página web del Congreso.

De igual forma, los mismos diputados solicitaron que se entendiera como implícito que, a falta de nuevos integrantes para la Comisión, quienes ocupaban el cargo en ese momento deberían seguir haciéndolo en tanto no hubiese una votación definitiva. Sustentaron esto en dos tesis de jurisprudencia: una emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala respecto a la elección de magistrado presidente; y otra emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a las dirigencias de partidos políticos.

Finalmente, optaron por votar el dictamen presentado por las comisiones involucradas; con ocho votos a favor y quince en contra se pidió que aquél fuera repuesto. Posterior a esa fecha se renovaron las comisiones legislativas y a medio año de distancia no se ha presentado un nuevo dictamen.

Hasta hace un mes afirmaba el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso que los nombramientos se harían a más tardar en la primera quincena de diciembre, pero pareciera que esta situación no se solucionará pronto.

Esto resulta alarmante cuando hace algunas semanas se daba cuenta del vacío que desde meses atrás se hace latente en la Comisión al haberse quedado sin los miembros de su consejo consultivo por diversas razones.

Sin que haya de por medio una certeza jurídica, la presidencia sigue ocupada por Francisco Mixcoatl Antonio. Al no agotarse el procedimiento, tampoco está previsto por la ley quién deba ocupar el cargo en estas circunstancias.

Resulta irónico que un organismo encargado de velar por los derechos de humanos no sea respetado por los poderes públicos. Nos lleva a cuestionarnos sobre el respeto a las garantías de quienes se  postularon en su momento a la presidencia y consejo consultivo. También invita a preguntarnos sobre la importancia que realmente se da a este tema.

Cada vez que hay elecciones vemos a miles de personas preocuparse e involucrarse con estas cuestiones; trátese de partidos políticos, institutos electorales o candidatos. Desafortunadamente y a pesar del tiempo transcurrido, a muy pocos les ha interesado indagar sobre el tema o exigir una respuesta a los legisladores. 

Es a los ciudadanos y a la población en general a quienes más debería preocuparles que el ente responsable de proteger sus derechos de los abusos del poder sea renovado en tiempo y forma. Sólo de esta manera se podrá transitar al camino de  verdad y justicia del que habla el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.