Editorial
El Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria de la CNDH ya daba cuenta de las muchas áreas de oportunidad que tienen los tres centros de reinserción social en Tlaxcala; con ello, de los posibles riesgos e implicaciones que podrían derivar de la desatención de las autoridades que los tienen bajo su responsabilidad.
Las quejas que se han suscitado tanto en el CERESO varonil de Tlaxcala como en el varonil de Apizaco eran de preverse con el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que cada año se emite y que en los últimos ha dado cuenta del deterioro de condiciones para las personas que se encuentran privadas de su libertad.
El gobierno estatal tiene muchos temas que solucionar y apenas 10 meses para hacerlo antes de entregar la estafeta. Al tema de los residuos, de la trata de personas, del saneamiento del Zahuapan, ahora se suma el de los CERESOS. ¿Logrará entregar buenas cuentas una administración que está más interesada en sumarse a una narrativa oficial para buscar culpables de sus propias acciones?
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