Editorial
La responsabilidad tarde o temprano nos alcanza y aunque de una u otra forma se buscan maneras de evadirla, al final no queda más que hacerle frente. Así le ocurre al gobierno estatal con la promoción a destiempo del cuarto informe de la administración de Lorena Cuéllar Cisneros, pese a que hay reglamentación específica sobre el tema.
Poco o nada se puede esperar de las y los diputados de Tlaxcala para que investiguen los hechos, menos aún para que determinen iniciar un juicio político en contra de la gobernadora. ¿Cómo si su compromiso está más con el Ejecutivo que con la ciudadanía que les eligió para que les representaran?
Ya anteriormente, el Legislativo evadió iniciar una investigación, pese a que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por probables vulneraciones a la legislación en la materia por parte de Cuéllar Cisneros; pero en su momento Reyna Flor Báez Lozano, quien estaba en su primer periodo como legisladora, indicó que no era un tema de interés para ellos.
Así va la impunidad de las autoridades que son las primeras que deberían observar la ley, y mientras atentan contra ella, a la ciudadanía no le queda más que mirar cómo se comete una infracción tras otra sin sanción.
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