Editorial
Al parecer, las mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Asuntos Electorales de poco sirvieron porque la propuesta de reforma electoral que presentó su presidente, Silvano Garay Loredo, se centra en realizar ajustes necesarios para el registro de candidaturas y asegurar la paridad de género; pero dejó fuera peticiones de la sociedad civil como regular las acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria (LGBT+, personas indígenas, personas con discapacidad) desde la legislación e incorporar el voto de tlaxcaltecas en el extranjero que tendrán que esperar algún tiempo más para que haya quien realmente les represente y haga valer su voz en el Congreso.
No solo en el Congreso, sino en el Ejecutivo federal y local, la ciudadanía encuentra poco eco y voluntad de escuchar sus demandas como se observa en el tema del Polo de Economía Circular en San Pedro Ecatepec, Atlangetepec o en el Proyecto Integral de Salud en Guadalupe Ixcotla, Chiautempan. Con el proceso electivo tan cerca, más valdría recordar que el interés mostrado en 90 días pocas veces prevalece una vez con el triunfo en la mano, los intereses y compromisos personales llegan a pesar más que el bienestar de las comunidades.
Para lo que sí tienen tiempo las y los legisladores es para buscar formas de justificar por qué aprobaron las cuentas públicas, así se observa en el caso de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala donde admiten que hubo observaciones sin mencionar el monto, pero rápidamente indican que no necesariamente estuvo vinculado a probable daño patrimonial, aunque tampoco aclaran a qué sí estuvo vinculado.
La sordera y ceguera selectivas se ha convertido en una constante en las instituciones públicas del estado; aún a aquéllos que se se hacen ver y escuchar de todas las maneras posibles, siempre encuentran la forma de desestimarlos desde los espacios oficiales porque el derecho a disentir ya se toma como un afán de atentar contra las instituciones.
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T L A X C A L A
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