Editorial
López Obrador inició con la práctica de utilizar la tribuna oficial para descalificar, señalar, amedrentar a cuanta persona se le saliera del cuadro y pretendiera disentir de él. El castigar el derecho a disentir desde el privilegio y el uso desproporcionado del poder se ha convertido en una práctica recurrente en gobiernos estatales y Tlaxcala no es la excepción.
Lejos de responder con inteligencia y argumentos a quienes se oponen a las acciones oficiales, o bien de buscar canales adecuados del diálogo directo con la población -una conferencia de prensa nunca es el mejor-, se ha caído en el simplismo de calificar, tildar, poner apodos, denostar lo mismo a actores políticos que a la ciudadanía y a los propios representantes de los medios de comunicación.
Lo ocurrido en Ixcotla y Ecatepec es señal de que más allá de la narrativa oficial, no hay capacidad -posiblemente tampoco interés- de dialogar o acercarse directamente con las comunidades inconformes para atender sus exigencias, dudas, inquietudes.
Quedan poco más de 12 meses para que concluya el actual gobierno estatal y día con día merma el poder que tenga la actual administración, lo hará aún más cuando se anuncien formalmente las candidaturas y no parece querer enmendar el camino, sino complicarse cada vez más la salida.
La transparencia, el diálogo, la rendición de cuentas no pueden ser solo de discurso, son elementos mínimos para garantizar un marco general de derechos humanos; pero ¿cómo hacerlo cuando constantemente se vulneran desde el podium oficial?
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