Defensores ambientales exigen a detener criminalización en su contra

• Llamaron al trabajo colectivo en favor del medio ambiente 

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 4 de junio de 2026

Organizaciones de la sociedad civil exigieron consultar a las comunidades sobre el uso de fracking en la Huasteca Potosina y frenar la criminalización de defensores de derechos humanos y ambientalistas en la Península de Yucatán, durante el XIV Congreso Diocesano por el Medio Ambiente que desarrolló el Centro Fray Julián Garcés en coordinación con la Diócesis de Tlaxcala.

    Además, su exigencia a los gobiernos para frenar la simulación en el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan y sumar a las comunidades y academia que por 30 años han analizado y denunciado la problemática en el diseño e implementación de acciones.

    "Tanto en el caso de Yucatán, como el de la Huasteca se repite un patrón injusto que pone en riesgo la existencia libre y digna de las comunidades. En primer lugar, se enfrentan al ocultamiento de información sobre los proyectos que se les pretenden imponer. En segundo lugar, se enfrentan con poderes económicos transnacionales y políticos de alto nivel que vulneran sus derechos y cuentan con los medios para criminalizarles, perseguirles y pasar por encima de las decisiones y acuerdos colectivos", indicó el Centro mediante un comunicado.

    Asimismo, señalaron que las comunidades tienen la carga de la prueba sobre las afectaciones ambientales, lo que incrementa la injusticia económica y social; por lo que señalaron que la solidaridad entre los pueblos es la única forma de hacer frente a estos proyectos que atentan contra la vida de sus pobladores.

    Un total de 95 personas se dieron cita en la Casa de Ejercicios de la Basílica de Ocotlán con el fin de promover acciones colectivas para el cuidado de la Casa Común con base en la doctrina social de la Iglesia Católica; es decir con la convicción de que alcanzar la paz implica en principio estar en paz con el medio ambiente y todas las criaturas existentes, dado que la naturaleza "hoy se encuentra oprimida y devastada, gimiendo y sufriendo dolores de parto”.

    Durante el foro “El cuidado de la Casa Común como camino hacia la paz”, Wilberth Nahua Puc, comisario ejidal de Santa María Chi en Mérida Yucatán, habló sobre el trabajo que han realizado para denunciar el impacto de la industria porcícola -a través de Grupo Porcícola San Gerardo o Pecuaria Peninsular- que ha imposibilitado a las comunidades el acceso a agua para beber, para la siembra y para el aseo personal.

    Detalló que han interpuesto 27 amparos en tres años, pero a pesar de que éstos han sido concedidos y que las empresas han sido sancionadas, estas acciones se han reflejado en criminalización a quienes denuncian. Por ello, las organizaciones asistentes expresaron su solidaridad con la lucha, pidieron detener el hostigamiento y anticiparon que estarán atentas a las resoluciones.

    Mientras que en la Huasteca Potosina las comunidades, especialmente indígenas, están preocupadas por el fracking para obtener gas natural y energía para industrias extranjeras, ya que estas prácticas profundizan las injusticias, expusieron Rosa Esther Peña Soto y Rogel del Rosal Valladares, integrantes de la Contraloría Autónoma del Agua y de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas enn esta región de San Luis Potosí.

    Al respecto, "Diana Cortés Torres del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana llamó a reconocer que no solo las personas somos sujetas, sino todos los elementos que integran la creación (ríos, mares, bosques, montañas, flora y fauna), pues estamos en un circuito interconectado donde lo que le pasa a alguna unidad del todo le afecta a las demás, lo mismo ocurre entre comunidades lo que afecta a una nos afecta a todas".