Ciudades y Polo de Economía Circular incrementan la devastación ambiental en Tlaxcala: CFJG

• Exigen detener el proyecto en Atlangatepec y declarar la Laguna de Acuitlapilco como Área Natural Protegida federal 

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 6 de junio de 2026

Los grandes proyectos del gobierno estatal generarán un impacto negativo importante en el medio ambiente y en las comunidades de Tlaxcala; mientras que las acciones de saneamiento del Atoyac-Zahuapan se mantienen como una simulación, manifestó el Centro Fray Julián Garcés a través de su posicionamiento en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

    En consecuencia, exigieron detener la instalación del Polo de Economía Circular en Atlangatepec, y declarar a la Laguna de Acuitlapilco, así como sus afluentes, como Área Natural Protegida federal en la categoría de santuario a fin de reparar el daño para este espacio.

    Señalaron que la Cuenca del Alto Atoyac está clasificada entre las 60 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) que son consecuencia del modelo industrial en el país; por lo que cuestionaron obras del gobierno estatal que profundizarán la devastación ambiental, mientras que el saneamiento se mantiene en simulación, al igual que las acciones para preservar la Matlalcuéyetl por falta de regulación de proyectos inmobiliarios y .

    Entre las obras, mencionaron que la construcción de las ciudades Administrativa, así como de la Cultura y el Entretenimiento -en Yauhquemehcan y Amaxac, respectivamente- afectará los cuerpor de agua den las comunidades; esta misma práctica en la laguna de Acuitlapilco por parte de municipios de Tlaxcala, Tepeyanco y Xiloxoxtla; y se mostraron preocupados por la falta de información sobre el Poloco de Economía Circular en San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec.

    "El cierre de los tiraderos a cielo abierto de Huamantla y Panotla, provocando la concentración de desechos en los vertederos de Nanacamilpa y Atlangatepec. Ambos sitios reducen cada día su vida útil, incrementando los riesgos sanitarios y ambientales futuros, además de ocasionar interrupciones en la recolección de los sesenta municipios debido a los picos de saturación y mantenimiento. El modelo tradicional de recolección, traslado y disposición final ha alcanzado su límite". 

    Asimismo, indicaron que los "Espacios de Cultura del Agua" que impulsa el gobierno junto a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) invisibilizan la responsabilidad industrial, al tiempo que sacan de la realidad la relación que deben tener las comunidades con los ecosistemas a lo largo de la cuenca.

    También indicaron que la imposición de proyectos como unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe en Chiautempan afectan los espacios de convivencia comunitaria.

    "La implementación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que se están buscando aprobar en diversos municipios, sin una consulta ciudadana real y vinculante para su  elaboración y aprobación. Los anteproyectos que hasta este momento se han realizado y presentado públicamente, como es el caso del municipio de Tlaxcala, presentan contradicciones preocupantes: mientras el diagnóstico del programa reconoce una crisis ambiental y de salud, las propuestas de uso de suelo avanzan en sentido contrario", observaron.

    Por ello, demandaron garantizar que las industrias traten sus aguas residuales para eliminar las más de 100 sustancias tóxicas que derraman al cauce del Atoyac; que las plantas de tratamiento a lo largo de esta cuenca sean exclusivamente para aguas residuales municipales para evitar que las empresas se reconecten a la red de drenaje y sean devueltas al río, no destinadas a la producción agroindustrial.

    También crear programas municipales con participación ciudadana para la prevención y gestión integral de residuos sólidos, sumar a las comunidades en los programas de ordenamiento territorial y que éstos planteen acciones congruentes al diagnóstico,  e implementar acciones de conservación en La Malinche.

    "Reivindicamos nuestros derechos a la información, la participación pública y el acceso a la justicia socioambiental, como nos lo garantiza la legislación nacional e internacional, entre la cual se encuentra el Acuerdo de Escazú; y también demandamos el derecho de las comunidades a ser respetadas en nuestra forma de vida y a tener un territorio sano en el que podamos vivir armónicamente las generaciones presentes con la flora y fauna existente, y garantizar este disfrute a las generaciones futuras".