Diputadas proponen reformas para acelerar búsqueda de personas e investigar corrupción en la FGJE

• Las propuestas fueron presentadas por legisladoras del PAN y PRDT

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 26 de mayo de 2026

La diputada Miriam Martínez Sánchez propuso reformar la Ley de Víctimas a fin de acelerar la búsqueda de personas reportadas no localizadas; mientras que la legisladora Laura Yamili Flores Lozano planteó crear una fiscalía especializada en asuntos internos a fin de investigar casos de corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

    En la sesión ordinaria, Martínez Sánchez propuso adicionar el artículo 20 con el objetivo de que la búsqueda se exija sin plazo de espera, sin denuncia previa, ratificación, comparencia formal, acreditación de parentesco o cualquier otro requisito que retrase la actuación institucional; y el 111 a fin de invalidar el plazo de 72 horas para realizar el reporte de desaparición o localización de personas.

    "La busqueda inmediata no es una medida administrativa accesoria ni una actuación discrecional de las instituciones. Es una obligación constitucional, convencional y legal que deriva del deber estatal de proteger la vida, la integridad y la libertad de las personas, así como de prevenir daños irreparables, evitar la pérdida de indicios, garantizar el acceso a la justicia y reducir la revictimización de las familias", argumentó.

    Mientras que Flores Lozano propuso crear una Fiscalía Especializada de Asuntos Internos como un órgano con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo investigaciones y ejercicio de la acción penal en delitos cometidos con personal adscrito a los órganos sustantivos y administrativos de la FGJE.

    De aprobarse, esta fiscalía podrá recibir quejas y denuncias a través de las unidades administrativas, turnarlas al Órgano Interno de Control; emitir lineamientos técnico jurídicos a los que se deberán sujetar las unidades administrativas; establecer programas de visitar ordinarias y extraordinarias de control y evaluación; registrar, sistematizar y administrar la información.

    Detalló que el propósito es investigar conductas como la solicitud de dinero a cambio de trámites, no iniciar investigación, omisiones en promover acciones que se presenten en la investigación, no judicializar carpetas de investigación, retener indebidamente a una persona, negar la recepción de restigos, no facilitar los datos para la defensa de las partes, otorgar la liberta a una persona sin justificación,  negar la libertad caucional, cuando el MP no resuelva la situación jurídica en 48 horas o no restituya los bienes asegurados, los actos de corrupción cometidos por el MP en la integración de carpetas de investigación o dilaciones.