"En Tlaxcala es mayor delito ser agricultor que delincuente": productor tras desalojo violento de manifestantes

• El gobierno estatal rechazó que hubieran reprimido a quienes se bloquearon la carretera México-Veracruz
• La CEDH inició una queja de oficio
• Partidos políticos y legisladoras condenaron los hechos

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 7 de abril de 2026

Campesinos responsabilizan al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros de cualquier daño a su integridad y de sus familias, luego de que fueron retenidos y golpeados al amanecer de este martes cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) replegaron con agua y gases lacrimógenos a quienes se sumaron al Paro Nacional de transportistas y productores del campo con un bloqueo sobre la carretera México-Veracruz a la altura de Nanacamilpa.

    Ante medios de comunicación Emigdio Taboada refirió que la intervención ocurrió tras un diálogo con autoridades en el que ya habían acordado reuniones con la gobernadora y con representantes del gobierno federal para la próxima semana; por lo que por un momento pensaron que las fuerzas de seguridad se retirarían, pero volvieron a replegarlos con equipos antimotín y lanzadores de gas lacrimógeno que el gobierno estatal -en un comunicado- pretendió achacar a los manifestantes como cohetones.

    “El gas lacrimógeno fue en contra de una manifestación pacífica, una manifestación legítima de lucha por nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos a una vida digna como agricultores. [...] Fuimos objetos de esa represión sistémica del Estado, a pesar de que hemos comentado que están violando nuestros derechos humanos, nuestro derecho a la libre expresión”, sostuvo.

    Emigdio y José Emigdio Taboada denunciaron que fueron retenidos con golpes e insultos por parte de elementos de seguridad, quienes les manifestaron que el trato fue “de parte de la gobernadora” y trasladados a instalaciones de seguridad en San Pablo Apetatitlán donde los mantuvieron hasta las 7:30 horas.

    "Queda claro que en Tlaxcala es un mayor delito ser agricultor que ser delincuente. Los delincuentes van, roban, extorsionan, matan choferes, matan gente y andan trabajando, nunca agarran uno, no lo nos atacan y contra el que produce y genera vida, genera alimentos, hay represión", señaló José Emigdio Taboada.

    Por ello, presentarán denuncias formales por privación ilegal de la libertad y por el despojo del teléfono celular de José Emigdio Taboada, quien señaló que policías se lo retiraron y manipularon; por lo que les responsabilizó de cualquier mal uso de su información personal.

    Asimismo, expresaron que el conflicto ya ha escalado a un problema personal de la mandataria estatal en su contra, luego de las manifestaciones que realizaron en Nanacamilpa durante un evento de los “Encuentros tlaxcaltecas”; y acusaron al gobierno estatal y al coordinador de comunicación, Antonio Martínez Velázquez, de promover un discurso de odio en su contra que ha derivado en amenazas directas a través de redes sociales y a sus teléfonos celulares.

    “Creemos que el Estado de Derecho se ha vulnerado. Creemos que por el hecho de alzar la voz nos están reprimiendo, nos están acusando, nos están hostigando. [...] Nunca imaginé que esta represión se diera en nuestro bello estado de Tlaxcala. Nunca imaginé que los policías, desde su posición de poder, armados, capacitados, se atrevieran a mancillarnos, a violentarnos”, recalcó Taboada.

    Junto a ellos, otros productores tocados por el actuar del gobierno estatal, acusaron que hubo daños a sus tractores y uno de ellos retenido por la policía, personas lesionadas y afectadas por los gases lacrimógenos. 

    Por ello, reiteraron que cualquier otra afectación es responsabilidad del gobierno estatal y que mantendrán las movilizaciones conforme lo determine la colectividad de campesinos, dada la crisis que atraviesa al sector.

CEDH inicia queja de oficio

    Por la tarde, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió un comunicado en el que recordó que el gobierno estatal está obligado a garantizar la libre manifestación y a justificar el uso de la fuerza pública; por lo que inició una queja de oficio como consecuencia, ya que la fuerza del Estado debe ser el último recurso para disolver manifestaciones, máxime cuando se éstas son pacíficas.

    "El derecho a la libre manifestación, reunión y a la potestad pacífica no solo es un derecho fundamental, sino un pilar en la democracia; su restricción indebida o su represión mediante el uso de la fuerza pública constituye una grave grave vulneración a los derechos humanos y un retroceso en el respeto a las libertades fundamentales".

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    Al respecto, el gobierno estatal reconoció el uso de gas lacrimógeno y agua como elementos para dispersar a los manifestantes, a quienes acusó de agredir a policías de la SSC con palos y cohetones; pese a que los videos muestran que esos elementos estaban en manos de los uniformados.

    El operativo “Paso Libre”, indicó en un comunicado, se puso en marcha luego de que los inconformes rechazaron liberar la carretera México-Veracruz tras el diálogo con autoridades estatales; lo que significa la “afectación al libre tránsito, sino que vulnera la vida cotidiana de miles de ciudadanos, impidiendo el acceso a servicios de salud, el traslado de mercancías y el ejercicio del derecho al trabajo de terceros”.

    También argumentó que los bloqueos a vías generales de comunicación son delitos del orden federal, por lo que se “vieron obligados a actuar” en ésta, la quinta ocasión de ocurre el Paro Nacional desde el mes de octubre. Cabe destacar que Tlaxcala es el único estado donde se han tomado estas medidas.

    Al respecto, Antonio Martínez sostuvo que hay disposición tanto de autoridades federales y estatales para dialogar con campesinos y transportistas, así como de atender sus demandas; aunque en el caso del gobierno de Tlaxcala enfatizó que algunas demandas no son de su competencia.

    Rechazó que haya algún tipo de persecución contra los productores retenidos este día, sino que la actuación deriva de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).  “No hay que caer en los martirologios personales, en la autovictimización de estas personas”, expresó.

Dirigentes y legisladoras perredistas y panistas condenaron los hechos

    Los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD) condenaron cualquier acto de represión y agresión en contra de los manifestantes; pues recalcaron que sus demandas son legítimas y los gobiernos están obligados al diálogo.

    En ese sentido, Juan Manuel Cambrón Soria, presidente del PRDT, exigió la renuncia inmediata de Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de gobierno; pero también que se investigue el uso de la fuerza y actuación de policías que participaron en el operativo “Paso Libre”, la intervención urgente de organismos de derechos humanos, el cese a actos de represión, y la instalación de una mesa de diálogo efectiva.

    Mientras que Angelo Gutiérrez Hernández, presidente del PAN en Tlaxcala, enfatizó que la labor de los campesinos es esencial para la economía de Tlaxcala y refleja la falta de apoyo, aumento de costos de producción y políticas públicas para hacer competitivo el campo; por ello, también llamaron a instalar una mesa de diálogo, a fortalecer los programas de apoyo, facilitar el acceso fertilizantes e insumos, y ampliar los esquemas de financiamiento.

    A esta postura se sumó la dictada por las diputadas Laura Yamili Flores Lozano (PRD) y Miriam Martínez Sánchez en los asuntos generales de la sesión de este martes en el Congreso de Tlaxcala para cuestionar y condenar la determinación del gobierno estatal, pero también para posicionarse a favor de los productores.