Unidad Antiextorsión inicia sin un andamiaje jurídico para operar y perseguir delitos

Alejandro Canales comentó que se requieren normas que hagan posible la coordinación y que tipifiquen los delitos en el ámbito digital

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 25 de marzo de 2026

Pese a que ya se creó la Unidad Antiextorsión en el gobierno de Tlaxcala, no hay un marco jurídico adecuado para atender los casos que se registran especialmente a través de medios electrónicos, admitió Alejandro Canales Cruz, titular de la Dirección de Operación de Tecnologías de la Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

    “Yo he participado en la creación de iniciativas a nivel federal. Desafortunadamente, ninguna ha fructificado y con la necesidad que se tiene, nos parece imperiosa. Una característica de esta ley es la tipificación de delitos cibernéticos que ahorita no están considerados en el Código Penal nacional, mucho menos en el estatal”, expuso el funcionario a medios de comunicación.

    Aunado a ello, indicó que se requieren mecanismos de actuación que permitan colaborar, intercambiar información, preservación de evidencia y coordinación internacional para hacer investigaciones cibernéticas con el propósito de judicializar los casos; además de evaluar resultados y mejorar la normativa.

    “Cuando hablamos de judicializar, nosotros no somos fiscalía. No obstante, cuando recibimos el reporte del 089, es el primer contacto que tenemos con la víctima y las posibles evidencias nos puede llegar a dar. Tenemos que seguir con protocolos, una cadena de custodia para que si esta información va a proceder como un tipo de presencia para la fiscalía o va a servir de insumo a la Secretaría de Seguridad, particularmente a la Unidad de Policía Cibernética, siempre que tenga las características técnicas para que puedan continuar una investigación”. 

    Entre los delitos que aún no están contemplados en el marco jurídico penal, se refirió al robo de identidad digital, el ransomware que consiste en la implantación de un virus que “secuestra” la información del usuario y la mantiene inoperante en tanto se paga un rescate, así como algunos más con inteligencia artificial.

    Sin embargo, enfatizó que para el SESESP era importante contar con un ente que coordinara a las instancias de seguridad pública estatal y municipal para la atención de esos delitos; lo que dio paso a la  Dirección de Operación de Tecnologías de la Información y más tarde a la Unidad Antiextorsión.

    Para que esta instancia funcione, agregó, se requiere de un andamiaje jurídico que aún no existe y de la creación del Protocolo Nacional de Atención contra la Extorsión que aún no ha sido creado.

    A pesar de ello, Canales Cruz informó que el objetivo de la Unidad es prevenir, investigar, combatir y erradicar los delitos que se cometen de forma directa o indirecta, a través de medios tecnológicos, un teléfono o una red social a través de redes que identifican incluso como de delincuencia organizada internacional que dificulta la persecución.

    “Lo más importante y es lo que mejor da resultados es el tema de la prevención y la concienciación ciudadana. El hecho de que nosotros tengamos acceso a redes sociales de manera gratuita tiene un costo muy alto y me parece que la ciudadanía debe conocerlo; porque cuando padecemos un ciberdelito, por ejemplo el robo de identidad, la verdad es que estamos a merced en de las empresas que prestan estos servicios”.