SEPE ha dado de baja a 22 trabajadores; no ha habido seguimiento a casos, admite titular

La Red de Maestras Unidas señaló que hay múltiples fallas y omisiones

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 13 de marzo de 2026

Entre 2022 y en lo que va de 2026, 22 trabajadores del sector educativo fueron dados de baja definitiva porque la Secretaría de Educación Pública (SEPE) les comprobó que incurrieron en actos de acoso dentro de las instituciones, informó Homero Meneses Hernández, titular de la dependencia; quien reconoció que hasta 2025 no hay registro de seguimiento a casos y se pronunció porque sea el Estado quien presente las denuncias y haga las investigaciones debido a que las víctimas suelen desistir de los procesos por desconfianza en las autoridades.

    “Uno de los principales talones de Aquiles es la documentación y el seguimiento de estos casos. Si ustedes observan la estadística de lo que nosotros tenemos reportado que hemos sancionado versus lo que se menciona en la red, por ejemplo, o lo que se menciona a través de ustedes -medios de comunicación- hay una diferencia importante”, comentó en el “Diálogo Circular” del viernes.

    A propósito, la Red de Maestras Unidas cuestionó las cifras de la SEPE y señaló -a través de sus redes sociales- de que las víctimas no reciben una atención oportuna, se enfrentan a burocracia y que en muchos de los casos, únicamente se cambia al agresor de centro de trabajo y se les absuelve cuando hay influencias,

    De acuerdo con la tabla que presentó el secretario de educación, en 2022 hubo seis bajas de personal educativo, en 2023 un tanto igual; en 2024 registraron cuatro, en 2025 fueron cinco; en 2026 fue una baja y además tienen en trámite una denuncia anónima por acoso dentro de una secundaria general, una más por acoso sexual y otra por maltrato infantil.

    Homero Meneses agregó que no tienen registro de los casos en trámite de 2022 a 2025 y explicó que eso se debe a que las víctimas no dieron seguimiento a las denuncias; por lo que la autoridad judicial determinó que los trabajadores señalados fueran reinstalados en sus cargos y lamento que esto suceda debido a que las víctimas no tienen confianza en las autoridades, pese a que les brindan acompañamiento.

    Así, expuso el caso de un docente que “fue restaurado porque la víctima ya no se presentó, ya no hubo continuación con la denuncia. Entonces, el juez dictaminó que teníamos que restaurarlo y lo re instalamos atendiendo el mandato judicial. El docente está en funciones, pero él sigue siendo señalado. [...] Ahí alguna dificultades, porque desde la perspectiva feminista, el señalamiento tendría que ser suficiente, pero chocamos con varios principios que tenemos que resolver como Estado Mexicano”.

    Homero Meneses dijo que en la mesa más reciente para el seguimiento a la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres se pronunció porque sea el Estado quien presente las denuncias contra los agresores y no las víctimas a fin de que los procesos se concluyan aún si la víctima no quiere presentarse a las audiencias.

    “Por mucho acompañamiento que se les dé, si no tienen confianza, difícilmente van a aceptar ese acompañamiento porque se los das en 30, 20 minutos, en una hora, intentando orientar; pero el resto del día están en soledad, con su ansiedad, su angustia, su inseguridad física y emocional”, agregó.

    Recordó que la SEPE cuenta con un protocolo de atención a la violencia y acoso escolar con vertientes específicas para atender problemas como la violencia sexual en las instituciones educativas, así como un sistema de alertas que han implementado a partir de este ciclo escolar con el objetivo de atender las diferentes situaciones en el ámbito educativo.

    Comentó que las escuelas particulares también están obligadas a observar esos instrumentos. No obstante, tienen la tendencia de tratar de resolver los problemas de forma interna para cuidar el prestigio de la institución; razón por la que SEPE busca concientizarlos sobre la importancia de aplicar los protocolos que a su vez les permitan identificar quiénes son las personas agresoras.

    “A veces uno quisiera avanzar más rápido en distintos temas vitales; uno de ellos es el Registro Único de Personal Educativo (RUPE), donde deberíamos tener a todo el personal operativo registrado, tanto de escuelas públicas como privadas. En escuelas públicas es relativamente más sencillo porque tenemos los formatos únicos de personal, pero en el caso de las escuelas particulares, no es así. [...] Tenemos la dificultad de que las bases de datos que ellos nos dan para decir quiénes son sus docentes, no tenemos la posibilidad de hacer cruces constantes”, detalló.

    En consecuencia, cuando un docente es dado de baja de una institución, sólo es reportado así como baja sin algún motivo en específico; por lo que puede ser contratado en otra escuela y la SEPE se le complica dar seguimiento a los casos.

    Por lo que respecta al papel de los sindicatos, el funcionario comentó que si bien han tenido una buena aceptación de las medidas que toma la Secretaría, suelen toparse con que les exigen que haya pruebas, lo que -dijo- es un argumento poderoso cuando hay acusaciones infundadas, pero eso se contrapone con la protección a las víctimas.