Organizaciones LGBT+ exigen reglamentar acciones afirmativas en reforma electoral

Colectivos de la diversidad sexual en el país señalaron que la omisión de acciones afirmativas vulnera el derecho a la participación políticay acrecienta las desigualdades

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 6 de marzo de 2026

Organizaciones de personas dela diversidad sexual señalaron que no hay lineamientos claros para acciones afirmativas para este sector, ni para personas indígenas o con discapacidad en la propuesta de reforma electoral enviada por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión; por lo que se mantiene ese pendiente para dar certeza a la participación política de estos grupos y su acceso a cargos de representación popular.

    "Esta ausencia normativa, en términos de diseño institucional, lo que no se reconoce de forma explícita tiende a carecer de rutas de implementación, exigibilidad y evaluación, lo que puede traducirse en barreras persistentes para la participación en condiciones de igualdad. Por ello, resulta pertinente que el texto de la reforma nombre y regule de manera clara estas medidas, a fin de dotarlas de certeza, operatividad y garantías efectivas", señalaron diversas organizaciones del país.

    La reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla principalmente reducción de financiamiento a partidos políticos, ajustes a la fórmula de asignación de legisladores de representación proporcional, eliminación de 32 senadurías, acciones afirmativas para diputaciones migrantes.

    No contempla lineamientos que  indiquen cómo deben cumplirse las acciones afirmativas para personas afromexicanas, indígenas, con discapacidad o de la diversidad sexual; lo cual ha sido una demanda no solo de estos sectores, sino de los mismos institutos electorales que ante la falta de legislación han generado lineamientos y mecanismos con base en consultas previas para hacer posible la participación política para estos grupos, con las consecuentes dificultades que eso implica cuando hay impugnaciones.

    Recalcaron que con la propuesta vigente, los partidos políticos no están obligados a garantizar la representación de todos los grupos y podrían incurrir en prácticas de evasión, simulación y usurpación; además de que puede ponerlos a competir entre ellos y fortalecer las desigualdades existentes; reproduce el silencio en el que históricamente han estado sumidos estos sectores al quedar al margen de la representación política.

    Por esta razón, la sociedad civil demandó que ante los avances en la conquista de derechos para los sectores históricamente subrepresentados es necesaria una reforma que se ajuste a los mandatos jurisdiccionales y sentencias vigentes en materia de representación política.

    "No pedimos privilegios; pedimos que no haya retrocesos, y que los derechos vigentes sigan avanzando de forma progresiva, junto con la memoria de quienes lucharon por un piso mínimo de igualdad", expusieron.

    En ese sentido, recordaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto litigios en casos términos de vincular al Congreso y al Instituto Nacional Electoral a generar medidas afirmativas a favor de la comunidad LGBTIQ+, personas indígenas y personas con discapacidad; además de reconocer que hay omisiones legislativas para garantizar los derechos político electorales de grupos históricamente discriminado.

    "Incluso, en asuntos como el SUP-JDC-183/2024, la Sala Superior ha delineado criterios sobre el alcance y oportunidad procesal de los reclamos vinculados con acciones afirmativas para personas afromexicanas, precisando las cargas argumentativas y la autoridad a la que resulta atribuible, en su caso, la omisión. En esas sentencias, el Tribunal Electoral ha sustentado estas medidas en la Constitución y, mediante el control de convencionalidad, en estándares internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el informe final del Relator Especial de la ONU, Marc Bossuyt, Prevención de la discriminación: el concepto y la práctica de la acción afirmativa (2002), entre otros".

    A propósito, recordaron que la Sala Superior ha sido enfática en la obligación del Estado para garantizar avances en la representación política de las poblaciones en el país; por lo que no basta con permitir que personas de estos grupos participen en los comicios, sino que es necesario hacer efectivos sus derechos político-electorales mediante voto directo y mecanismos correctivos en la representación proporcional como ya ocurre con la paridad de género.

    "Bajo esa lógica, resulta indispensable que este H. Congreso incorpore en la reforma los ajustes razonables y diseños normativos necesarios, considerando: el rezago histórico; las condiciones persistentes de discriminación estructural, vulnerabilidad y desventaja; y la proporción poblacional de las personas pertenecientes a estos grupos, conforme a los parámetros que han sido reconocidos tanto por la autoridad administrativa electoral como por la jurisdicción electoral", expuso la sociedad civil.

    Recordaron que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 5.1 por ciento de la población se identifica como LGBTIQ+; 6.8 por ciento vive con discapacidad; 19.4 por ciento se identifica como indígena y a pesar de las acciones afirmativas, estos porcentajes no se reflejan en la integración de los poderes legislativos.

    "La integración del Congreso (de la Unión) muestra una  brecha relevante. De acuerdo con el INE, derivado de las acciones afirmativas aplicadas en el Proceso Electoral Federal 2023–2024, personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad ocuparían 79 escaños en el Congreso de la Unión; específicamente, diversidad sexual (5 diputaciones y 1 senaduría), discapacidad (9 diputaciones) e indígenas (43 diputaciones y 7 senadurías), entre otros. En términos porcentuales, ello equivale, como mínimo, a 0.96 por ciento% de escaños para diversidad sexual (6 de 628), 1.43 por ciento para discapacidad (9 de 628) y 7.96 por ciento para población indígena (50 de 628), lo que evidencia una subrepresentación frente a su peso demográfico (Central Electoral INE, 2024)".

    En consecuencia, exhortaron a las comisiones dictaminadoras a incorporar en el dictamen de reforma electoral acciones afirmativas que aseguren la representación efectiva de estos grupos conforme a los estándares de los derechos humanos, pero también basadas en las sentencias y jurisprudencia.

    "La democracia exige inclusión y, en ese marco, reiteramos la necesidad de avanzar hacia condiciones efectivas de igualdad y reconocimiento. Asimismo, solicitamos que la reforma, reconozca e incorpore acciones afirmativas específicas para personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, población afromexicana y para poblaciones de la diversidad sexual y de género, en congruencia con los derechos y criterios ya reconocidos por las autoridades jurisdiccionales en materia electoral". 

    Por último, señalaron que una reforma en este sentido tiene que obligar a los partidos políticos y a las autoridades electorales a establecer mesas de trabajo permanentes con la comunidad LGBTIQ+ para mejorar los mecanismos de participacipon; y establecer consecuencias institucionales ante actos u omisiones que propicien la exclusión, vinculadas al financiamiento pública.