Blanca Águila propone reformas para institucionalizar la perspectiva de género

Madaí Pérez propone exhorto en materia de movilidad

Redacción | Tlaxcala | 10 de marzo de 2026

La diputada local Blanca Águila Lima, presentó una serie de reformas a distintos ordenamientos locales, con el objetivo de institucionalizar la perspectiva de género de manera transversal, obligatoria y progresiva en todas las estructuras del servicio público estatal y municipal, garantizando así la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.

Se trata de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala, Ley Municipal y Ley de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, todas para el estado de Tlaxcala.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, Blanca Águila señaló que la perspectiva de género es la herramienta necesaria para cuestionar los estereotipos culturales que han generado una participación desigual de la mujer en la toma de decisiones desde el sector público.

Destacó que la iniciativa persigue además entre sus objetivos que la implementación de este enfoque permita una redistribución equitativa de las actividades productivas y fortalezca el poder de gestión de las mujeres, transformando las instituciones en espacios con relaciones libres de violencia y discriminación tanto hacia la ciudadanía como entre pares dentro de las distintas áreas del trabajo en el sector público.

La iniciativa plantea también que el personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos y municipios, deberán acreditar obligatoriamente un curso especializado impartido por la Secretaría de las Mujeres en materia de perspectiva de género.

Puntualizó que este curso no será opcional, sino un requisito de profesionalización que busca sensibilizar a todo el personal sobre la importancia de generar políticas públicas eficaces que dejen de subordinar a las mujeres en las agendas políticas y públicas.

Quienes no cumplan con esta formación, subrayó, deberán enfrentar sanciones administrativas o la imposibilidad de obtener ascensos dentro de la función pública. El documento fundamenta esta reforma en la necesidad de transformar los estereotipos culturales y garantizar que las políticas públicas tengan un impacto real en la igualdad sustantiva.

La reforma contempla la obligatoriedad de incluir en el Presupuesto de Egresos la asignación de recursos específicos para el cumplimiento de este curso. Asimismo, se otorgan nuevas facultades a la Secretaría de las Mujeres para promover y vigilar que la perspectiva de género sea integrada efectivamente en los procesos de planeación, programación y presupuestación de toda la administración pública estatal, consolidando un cambio estructural en las relaciones de género en Tlaxcala.

Con la iniciativa planteada por Blanca Águila Lima, se busca que el Estado de Tlaxcala fortalezca su marco normativo para erradicar la discriminación y modificar las prácticas administrativas que perpetúan la desigualdad en el diseño de las políticas públicas.

Por otra parte, la diputada Madai Pérez Carrillo, presentó la Iniciativa por la que se exhorta a los Ayuntamientos de los sesenta municipios de la entidad a trabajar de manera conjunta en la construcción de un Acuerdo por la Movilidad Segura y Humana en Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer políticas públicas que garanticen desplazamientos seguros, accesibles y dignos para la población.

En su exposición, Pérez Carrillo destacó que la movilidad debe concebirse como un derecho humano y un elemento clave para el desarrollo social y económico, por lo que resulta indispensable colocar en el centro de las decisiones públicas a las personas, priorizando la seguridad vial, la inclusión y el ordenamiento del espacio público en las zonas urbanas y rurales del estado.

La propuesta plantea que los municipios revisen y armonicen sus reglamentos de tránsito y movilidad conforme a la legislación vigente, impulsen infraestructura segura para peatones, ciclistas y transporte público, y desarrollen programas permanentes de educación y cultura vial que contribuyan a prevenir siniestros y fortalecer la seguridad en las vías públicas.