También plantea multa de 72 a 360 veces el valor de la UMA por esta acción
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 29 de enero de 2026
Sanciones de dos a seis años de prisión y multa de 72 a 360 veces
el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quien sustraiga,
retenga u oculte a una persona menor de edad sin contar con la guarda y
custodia legal, propuso la diputada Lorena Ruiz García ante el pleno del
Congreso local.
En la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora presentó
una iniciativa para reformar el artículo 264 del Código Penal del Estado de Tlaxcala,
con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes
frente a la sustracción, retención u ocultamiento ilícito, incluso cuando estas
conductas sean cometidas por familiares o progenitores.
En la exposición de motivos, Ruiz refirió que el interés
superior de la niñez debe ser el eje rector de toda acción legislativa, ya que
este tipo de conductas vulneran derechos fundamentales como la identidad, la
convivencia familiar, la estabilidad emocional y el derecho a una vida libre de
violencia, además de generar afectaciones psicoemocionales profundas en las
personas menores de edad.
La iniciativa también contempla sanciones para el progenitor
que, aun teniendo derecho de convivencia, retenga al menor e impida su retorno
con quien legalmente detente la custodia, especialmente cuando la conducta se
realice durante un procedimiento judicial.
De igual manera, la propuesta prevé el incremento de la pena
hasta en una mitad cuando la sustracción o retención sea utilizada como medio
de presión, chantaje o cualquier forma de violencia psicológica o vicaria para
obtener una ventaja procesal o causar daño emocional al otro progenitor.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio,
análisis y dictamen correspondiente.
En la misma sesión, la diputada y el diputado del Partido
del Trabajo (PT) dieron a conocer ante el pleno el nombramiento de Silvano
Garay Loredo como coordinador de dicha bancada y de Maribel Cervantes Hernández
como representante ante el Comité de Administración.
Tras la lectura de las designaciones, se instruyó la
elaboración de los acuerdos correspondientes mediante los cuales se reforma el
acuerdo del 2 de septiembre de 2025, relativo a la integración de la Junta de
Coordinación y Concertación Política (JCCP) que fungirá durante el segundo año
del ejercicio legal de la LXV Legislatura, así como el acuerdo de fecha 30 de
agosto de 2024, por el que se declaró la integración de los grupos
parlamentarios y las representaciones de partido, a fin de remitirlos al Ejecutivo
del estado para su publicación correspondiente, en el marco del trabajo
legislativo orientado por la cercanía, compromiso y resultados.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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