Exigieron a las autoridades que toda acción contribuya al bien común y garantice derechos humanos
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 26 de enero de 2026
El modelo de desarrollo en Tlaxcala, basado en la industrialización, la gestión inadecuada de residuos y la exclusión de las comunidades en la gestión del agua mantienen sin avances la atención a daños ocasionados por la devastación socio ambiental en la Cuenca Atoyac-Zahuapan, concluyeron 65 organizaciones de la sociedad civil articuladas en la Red Nacional de Comunidades Envenenadas y en Resistencia (RENACER) que este fin de semana se reunieron en Tlaxcala.
“Estos problemas son resultado de décadas en los que los gobiernos, desde una lógica neoliberal, impulsaron la industrialización a partir de procesos altamente contaminantes que han tenido como resultado el que las personas estemos expuestas de manera constante a sustancias peligrosas que han generado enfermedades crónico-degenerativas como diversos tipos de cáncer y el daño renal crónico”, señalaron en un comunicado como resultado del encuentro.
Señalaron que la Cuenca del Alto Atoyac está considerada entre las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESAS) donde lejos de haber mostrado signos de atención, el problema de devastación socio ambiental se ha agudizado; lo que se traduce en violaciones a los derechos humanos.
Entre ellos, mencionaron la contaminación industrial fomentada por la política estatal de atracción de industria como el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar sin un adecuado tratamiento de residuos; crisis de la basura acuciada por la inexistencia de nuevos modelos de gestión de residuos; devastación de la Matlalcuéyetl a causa de la tala inmoderada y proyectos como el Ecoparque Tlalli que impulsan desde Puebla.
Además, el acoso de pobladores en el oriente del estado para la construcción de un libramiento concesionado y la inseguridad en la carretera federal México Veracruz; presencia de inmobiliarias que proponen espacios de vivienda ajenos a las prácticas comunitarias que encarecen los costos; la imposición de ciudades construidas por el gobierno del estado sin consulta previa a la ciudadanía.
“El gobierno deja de lado que las grandes ciudades en nuestro país se estructuran bajo un modelo que favorece la desigualdad en el acceso a los recursos, agota bienes como el agua y el oxígeno, provoca grandes problemas por la generación de basura y también genera grandes problemas de movilidad; por ello es un modelo que no debe ser promovido”, indicaron.
A ello, sumaron la exclusión de comunidades en la gestión del agua; el uso indiscriminado de agrotóxicos con consecuencias para la salud, el suelo, el agua, el aire y los alimentos.
Por ello, rechazaron la tendencia mundial a impulsar el crecimiento económico y la acumulación de riqueza a través de la explotación humana y el agotamiento de recursos existentes.
En consecuencia, exigieron que toda acción gubernamental ponga al centro el Bien Común y propicie el cuidado de todas las personas; elaborar junto a las comunidades un Plan Integral de Restauración de Cuenca del Alto Atoyac; que en materia industrial se cambie la atención a las consecuencias por obligaciones a las empresas para controlar y tratar las sustancias tóxicas que emiten.
También, garantizar en la ley el derecho humano al agua y el reconocimiento de los comités comunitarios; cancelar el proyecto Ecoparque Tlalli; suspender cualquier iniciativa sobre parques de economía circular o empresas que generen energía a través de la quema de basura; un alto al acoso a defensoras y defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
“Exigimos alternativas campesinas y agroecológicas para la producción agropecuaria en los ejidos, comunidades y zonas de producción del estado para una alimentación sana, sin paquetes tecnológicos de pesticidas, fertilizantes y semillas genéticamente modificadas que dañan el agua, la tierra, el aire y la salud de personas”, concluyeron.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario