Diego Rojas Mena rinde protesta como juez en materia Civil y Familiar por renuncia de Víctor Cosetl

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 27 de enero de 2026

Por la renuncia al cargo de Víctor Cosetl Flores, este martes Diego Rojas Mena rindió protesta ante el pleno del Congreso del estado como nuevo juez Civil y Familiar del Poder Judicial de Tlaxcala en el Distrito Judicial de Xicohténcatl

    Después de aceptar la renuncia de Víctor Cosetl por parte del pleno de la LXV Legislatura en la sesión ordinaria, el pleno aprobó la designación con base en el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, ya que el Órgano de Administración Judicial, a través de su presidente Sergio Pérez George, remitió al Congreso el escrito de renuncia firmado el 9 de enero de 2026 por el ahora ex juez, con efectos inmediatos y de manera “libre y voluntaria”.

    Cosetl Flores fundamentó su decisión en disposiciones aplicables de la Constitución Política de Tlaxcala y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ahí que obligó a la intervención del Poder Legislativo para el análisis, aceptación formal y activación del procedimiento constitucional de sustitución.

    El Congreso atendió lo establecido en los artículos 45, 54, fracción XXXI Bis y 79, párrafo noveno, de la Constitución de Tlaxcala que facultan expresamente al Poder Legislativo para conceder o negar renuncias de juezas y jueces del Poder Judicial y, en su caso, tomar protesta a la persona sustituta conforme al orden de prelación derivado de la elección popular.

    Ante una renuncia definitiva, la vacante debe ser ocupada por la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección correspondiente.

    Por tanto, con base en el Acuerdo ITE–CG 67/2025 del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), publicado en el Periódico Oficial del estado de Tlaxcala el 25 de junio de 2025, la posición corresponde a Diego Rojas Mena, en la materia Civil–Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl.

    La aceptación de la renuncia y la toma de protesta no generan carga administrativa adicional para el Estado, pero sí resultan fundamentales para preservar la continuidad y correcto funcionamiento de la impartición de justicia, al tratarse de una función pública esencial vinculada con el respeto a los derechos humanos, la paz social y el Estado de derecho, señala el dictamen aprobado.