Sentencia de la Corte sobre el aborto debe ir acompañada con servicios seguros: DDSER

Junto a otras organizaciones, enfatizaron que esta decisión es resultado de la lucha de las mujeres

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 15 de diciembre de 2025

Pese a sentencia con la cual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones del Código Penal y de la Ley de Salud que limitan el acceso al aborto en Tlaxcala, aún falta garantizar servicios para la interrupción segura del embarazo en la entidad y para garantizar la atención inmediata y digna a víctimas de violencia sexual, enfatizaron las organizaciones "Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C." y la "Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México" (DDser).

    A través de un pronunciamiento, enfatizaron que la decisión de la Corte Esta "manda un mensaje claro: ninguna mujer, adolescente o persona gestante debe enfrentar barreras que criminalizan y estigmatizan socialmente para acceder a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva".

    Cabe recordar que el pasado 2 de noviembre, el máximo tribunal del país determinó invalidar los artículos del Código Penal que responsabilizan a familiares que acompañen el aborto y las causales por las cuales no se considera delito la interupción del embarazo; pero también artículos de la Ley de Salud que obligaban a víctimas de violencia a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para acceder a estos procedimientos y, en el caso de niñas o adolescentes menores de 18 años, a contar con la autorización de quien ejerza la patria potestad.

   En consecuencia, ambas organizaciones señalaron que Tlaxcala se suma a las 24 entidades que deben garantizar este derecho reproductivo de las mujeres. Por lo tanto, reconocer que la criminalización del aborto es incompatible con la Constitución; que el servicio debe presentarse sin estigmas, requisitos desproporcionados u obstáculos institucionales; que las niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a servicios oportunos sin barreras que pongan en riesgo su integridad o su futuro.

    "Las disposiciones invalidadas que exigían denuncias, autorizaciones externas o condicionamientos- representaban mecanismos de control sobre los cuerpos y proyectos de vida de las personas. Su eliminación constituye un acto de reparación histórica y un límite claro frente a intentos estatales de imponer requisitos que vulneran la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad", enfatizaron las organizaciones.

    Asimismo, recalcaron que es resultado de una lucha histórica de las mujeres y organizaciones que han buscado eliminar la criminalización de quienes interrumpen su embarazo; pero enfatizaron que ésta es la antesala para garantizar servicios de aborto seguro y atención víctimas de violencia sexual se brinden de manera inmediata, accesible y con enfoque de derechos humanos.

    También es importante señalar que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso han señalado que pese a la determinación del Alto Tribunal, es necesaria una reforma a ambos ordenamientos para asegurar la atención plena.