Organizaciones civiles exigen frenar política económica estatal; viola derechos humanos, señalan

37 organizaciones se pronunciaron en contra de megaproyectos y exigieron garantizar participación ciudadana

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 10 de diciembre de 2025

Sociedad Civil agrupada en 37 organizaciones exigieron al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros frenar la política económica basada en crecimiento industrial y empresarial, pues señalaron que es violatoria de derechos humanos, ya que incurre en prácticas de despojo y desplazamiento, afectaciones al medio ambiente que dañan la salud y el patrimonio de la población tlaxcalteca; además de que impide la participación ciudadana.

    En el marco del Día de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes señalaron que el gobierno estatal ha violado el Acuerdo de Escazú al no instrumentar mecanismos de participación ciudadana para obras como la Ciudad de la Juventud, Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, o el Libramiento de Calpulalpan, entre otros que resultan en una imposición que choca con la ruralidad y bioculturalidad de los pueblos.

    También, indicaron que el plan y acciones de saneamiento de la Cuenca del Alto Atoyac no solucionan las más de 100 sustancias tóxicas que llegan a sus aguas a través del desagüe de empresas; ya que se limita a saneamiento con plantas de tratamiento que no tienen la capacidad de procesar todas ellas, a la recolección de basura y a plantar árboles; pues en ninguno de los casos precé la participación de las comunidades.

    Además, advirtieron que la contaminación el río podría agravarse con el cierre de los rellenos sanitarios a fin de constituir una planta de economía circular; por lo que se pronunciaron por impulsar un modelo de "Basura Cero" con el propósito de reducir al máximo los residuos que salen de los hogares al promover la reutilización, el reciclaje y la composta.

    "La atracción de inversiones en los diferentes corredores y ciudades industriales y la construcción de proyectos como el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el municipio de Huamantla, impactará aún más en la calidad de vida de la CAA, reconocida desde el sexenio pasado como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental", señalaron.

    Asimismo, señalaron que los procesos de construcción inmobiliaria y turistificación han generado gentrificación en las comunidades por el cambio de uso de suelo; encarecimiento de comida y vivienda; además de romper el tejido social; incrementar el uso de agua, la inseguridad y el desplazamiento de la población local, beneficios que se concentran en la iniciativa privada, pero con importantes huellas de carbono e hídrica, lo que en términos generales redunda en "turismofobia".

    "La patrimonialización de los monumentos históricos no consideran la vida en el territorio, por lo que provocan, además de desplazamiento, la transformación del territorio en favor de la población con mayor poder económico y las empresas foráneas. Como ejemplo, tenemos el centro histórico de Tlaxcala, donde las personas artesanas fueron despojadas de un espacio que por décadas les perteneció bajo el argumento de conseguir y preservar el nombramiento del Complejo Conventual Franciscano como un Patrimonio de la Humanidad que terminó despojando de su historia a la comunidad tlaxcalteca que lo vivía y hoy cursa los días desolado", argumentaron.

    Ante estas situaciones, exigieron al gobierno estatal reconocer las problemáticas que se viven en el estado; frenar la política económica basada en la industrialización y promover modelos basados en los principios Pro Persona y Pro Natura; sumar a la sociedad civil en la formulación de políticas públicas para atender la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac; aplicar un modelo Basura Cero para la gestión de residuos; implementar una política integral de cuidado de la Matlalcuéyetl; rechazar megaproyectos y la tala inmoderada.

    También, impulsar una producción sana de alimentos con modelos agroeconógicos; cancelar el proyecto "Ciudad de la Juventud" y destinar esos recursos para restaurar y conservar la zona; cancelar el Libramiento de Calpulalpan por afectaciones económicas y ambientales; garantizar la participación ciudadana prevista en el Acuerdo de Escazú, y reconocer la autonomía de los Comités Comunitarios de Agua Potable.

    Entre las organizaciones firmantes se encuentan: Artemali Ocoxal; Asamblea Socioambiental Comunitaria; Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena AC; Centro de Economía Social Julián Garcés A.C.; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Colectiva Ecofeministlax; Colectiva Medusas Sufragistas; Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan; Colectivo en Defensa del Territorio de Tlaltelulco; y Coordinadora por un Atoyac con Vida,

    También grupos pastorales de San Pablo del Monte; Cuautlancingo, Puebla; Acuamanala, Contla, Huactzinco, Papalotla de Xicohténcatl, Panotla, Tenancingo, Zacatelco, Xicohtzinco, Apizaco, totolac, Santa Cruz Tlaxcala, Chiautempan.

    Además de Hijas de la Matlalcueyétl; Malinalli Espacio Común; Mujeres Colibrí Colectiva LesBIca Indígena; No al Libramiento Calpulalpan; Ojito de Agua; Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas; Salvemos al Parque de la Juventud; Una Calle para Todxs; Equipo promotor del decanato de la Misericordia, Apizaco; Grupo Cíhuatl de Panzacola.