Menos de 20% de municipios tienen espacios de detención preventiva adecuados para grupos vulnerables

La CEDH publicó este lunes su  Informe Especial sobre la situación de los Centros de Detención Preventiva Municipal en la entidad

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 22 de diciembre de 2025

Fachada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tlaxcala

Para la mayor parte de los municipios de Tlaxcala continúa como un reto la atención a grupos prioritarios (mujeres, personas de la diversidad sexual y personas con discapacidad) en los centros de detención preventiva (comúnmente conocidos como separos), según el diagnóstico que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que este lunes presentó el informe especial a las condiciones de estos espacios en los 60 ayuntamientos del estado.

    "Los resultados comparativos 2021-2025 muestran que si bien una porción importante de municipios ha mejorado sus índices de cumplimiento, aún existe un número significativo que se mantiene por debajo de la media o que no ha atendido de forma suficiente los puntos de la Recomendación General 01/2022, especialmente en materia de infraestructura, accesibilidad, enfoque diferenciado y profesionalización del personal de seguridad pública", concluye el organismo que encabeza Jakqueline Ordóñez BRasdefer.

    El documento indica que hay tres ayuntamientos que no cuentan con un centro de detención preventiva municipal como es el caso de San Damián Texoloc, Tetlatlahuca y Xicohtzinco. Además, la Comisión señaló que en Tepetitla y Tetlatlahuca hubo resistencia inicial a colaborar para el proceso de recolección de información, por lo que tuvo que dar vista a los presidentes municipales, quienes -reconoció- respondieron de forma oportuna.

    Asimismo, muestra que en 32 de los centros de detención preventiva municipal (53.3%) existen condiciones precarias para la supervivivencia, cuidado de la salud y necesidades fisiológica porque caredcen de sanitarios funcionales con agua potable, colchonetas, cobijas, lavamanos, ventilación, luz natural o artificial; por lo que hay vulneración al derecho a recibir un trato digno y humano.

    También identificaron afectaciones al derecho a la igualdad y derechos humanos de grupos vulnerables de atención prioritaria porque al menos en 49 de los centros, equivalentes a 81.6 por ciento del total, no hay unidades separadas dentro de la misma instalación o instalaciones especiales para resguardar por separado a hombre,s mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+; así como tampoco cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad.

    Particulamente, detalló que solo 30 por ciento de los municipios cuentan con espacios exclusivos para custodiar a personas de la diversidad sexual; 65 por ciento cuentan con espacios exclusivos para custodiar a mujeres; y 48 por ciento están equipados con rampas y adecuaciones para el ingreso de personas con discapacidad.

    En el informe de la CEDH también se observa que hay afectaciones al derecho a la alimentación al que el Estado está obligado por tener a estas personas bajo su resguardo; por lo que debe asegurarlo bajo los principios de disponibilidad, sostenibilidad, accesibilidad y seguridad, aunque algunos de ellos refirieron que traspasan este costo a los familiares, lo que puede restringir el ejercicio de este derecho. En este supuesto, se encuentran 15 municipios.

    Por lo que respecta al derecho de no ser sujeto de incomunicación, la Comisión encontró que en 15 centros no cuentan con aparatos para garantizarlo; de modo que las llamadas ocurren a través del teléfono celular de la propia persona detenida o de algún oficial, lo que se puede traducir en vulneraciones a otros derechos como a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad persona.

    Además, identificaron que no se garantiza el derecho a la integridad personal en 43 municipios debido a que no cuentan con personal de seguridad pública capacitado en materia de derechos humanos; lo mismo ocurre con el derecho a la protección de la salud debido a que cuatro ayuntamientos aún carecen de personal médico permanente para brindar atención a las personas detenidas durante su ingreso y estancia.

    La Comisión también identificó condiciones que podrían afectar el derecho a la legalidad y seguridad jurídica; por lo que exhortó a 23 municipios a socializar el Bando de Policía y Gobierno con los elementos de Seguridad Pública Municipal; a 34 más a expedir un Manual de Organización y Procedimientos con Perspectiva de Género; y a 17 más a conformar su Consejo de Honor y Justifica, así como a difundir su integración y competencia.