¿Licencias por trastornos menstruales? Esto propone la diputada Miriam Martínez

La legisladora por el PAN señaló que no reconocer lo incapacitante de estos padecimientos es una forma de violencia de género

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 23 de diciembre de 2025

La diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez presentó una iniciativa de reforma a tres leyes con el propósito de garantizar que trabajadoras en el sector público puedan acceder a licencias médicas cuando padezcan de algún trastorno relacionado con el periodo menstrual, pero también para promover una gestión digna.

    En la sesión ordinaria del pasado 11 de diciembre, la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN) planteó adicionar la Ley Laboral de los Servidores Públicos para Tlaxcala y sus municipios con el propósito de reconocer que tanto trabajadoras como estudiantes mujeres pueden padecer trastornos menstruales incapacitantes.

    Refirió que junto a la necesidad de reconocer los impactos estructurales que hay en la salud de niñas y mujeres durante el periodo menstrual, es necesario reconocer que hay padecimientos que si bien pueden ser transitorios, llegan a impedir las actividades habituales; lo que deriva en "ausentismo forzoso, baja productividad y discriminación indirecta cuando deben justificar su ausencia como 'asuntos particulares' o agotar días de enfermedad general".

    La diputada explicó que el hecho de no reconocer estos trastornos explícitamente como causa legítima de licencia médica, obliga a trabajadoras y estudiantes a mentir o a trabajar en condiciones de dolor; por lo que se convierte en una forma de violencia de género.

    En consecuencia, propuso incluir en la Ley Laboral de Servidores Públicos la obligación de los entes públicos de conceder licencias para curaciones de "trastornos menstruales incapacitantes como dismenorrea primaria o secundaria, endometriosis, menorragia severa, trastorno disfórico premenstrual o cualquier otra patología relacionada con el ciclo menstrual que imposibilite el desempeño normal de las funciones laborales".

    También planteó adiciones a las leyes de Educación y Salud con el propósito de promover una educación integral con perspectiva de género, científica y libre de estigmas sobre el ciclo mentrual; pero también para que la Secretaría de Salud genere un Programa Estatal de Gestión Menstrual Digna que coordine acciones de infraestructura, emita lineamientos técnicos para la distribución de productos menstruales, diseñe campañas educativas y el Protocolo Estatal para la Atención y Dictaminación de Trastornos Mensuales Incapacitantes, entre otros.

    Argumentó que las políticas públicas se enfocan en la atención médica, pero no en las causas estructurales (conexto socioeconómico, político, clase social, género y etnia) o intermedios (empleo, vivienda, entorno psicosocial) que impactan en el acceso a la salud y que pueden generar desigualdades.

    "El derecho humano a la salud abarca el bienestar físico, mental, emocional y social. La gestión menstrual de mujeres, niñas y personas menstruantes es parte fundamental de este derecho: la carencia de productos adecuados, espacios higiénicos o educación genera riesgos para la salud, exclusión y desigualdades de género", recalcó.

    A pesar de ser un proceso natural, Miriam Martínez indicó que factores estructurales como la desigualdad de género, la pobreza extrema y las tradiciones nocivas pueden generar estigma y privaciones; por ejemplo: exclusión de la vida pública, obstáculos a las oprtunidades, así como para el saneamiento y la salud; así como una mayor vulnerabilidad, puesto que en algunas comunidades puede dar paso a matrimonios forzados y abuso sexual infantil.

    Por ello, señaló que se necesitan condiciones mínimas para garantizar el derecho a la salud de las niñas, adolescentes y mujeres durante estos periodos, como el acceso universal a productos y condiciones de higiene; mejora en la infraestructura sanitaria; eliminar o reducir los impuestos sobre productos menstruales para que estén al alcance de todas; además de educación e información apropiada sobre el proceso menstrual.

    "Debemos tenerlo claro, la menstruación digna no es caridad ni privilegio, es obligación constitucional del derecho a la salud y a la igualdad. No actuar significa seguir condenanco a millones de personas a vivir medio ciclo vital en condiciones de precariedad, dolor y vergüeza", enfatizó la congresista.