Albergue de la Sagrada Familia urge políticas públicas humanitarias para seguridad de migrantes

La organización señaló que la niñez enfrenta graves riesgos en su tránsito por la entidad

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 17 de diciembre de 2025

La niñez migrante enfrenta graves riesgos a su paso por México, advirtió el Albergue de la Sagrada Familia (ASAFAM), que en un comunicado informó que han acompañado 623 posibles delitos contra la población en tránsito entre 2021 y 2023; por lo que urgieron a las autoridades a atender los pendientes en la protección de su integridad y derechos humanos.

    "En este Día Internacional del Migrante, exhortamos al Estado mexicano a reorientar sus políticas hacia un enfoque humanitario y de derechos humanos, fortaleciendo la coordinación con la sociedad civil y garantizando condiciones reales de dignidad, legalidad e inclusión", externaron.

    La organización enfatizó que a pesar de las acciones de bloqueo que el Instituto Nacional de Migración (INM) aplica en todo el país, Tlaxcala se mantiene como lugar de tránsito y estancia de personas migrantes; situación que demanda medidas de protección y no de criminalización, especialmente cuando se trata de familias, niñas, niños y adolescentes.

    "Muchas familias son empujadas a caminos clandestinos que incrementan su exposición a violencias y al crimen organizado. Esto obliga al Estado a adoptar medidas de prevención y protección que garanticen el derecho a la unidad familiar y aseguren el interés superior de la niñez", recalca el comunicado.

    El Albergue informó que entre 2021 y 2023 atendieron a mil 100 niños, niñas y adolescentes que se suman a los 3 mil 300 que atendió el INM; mientras que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) atendió a dos mil. De ellos, 87 por ciento fueron devueltos a sus países porque la respuesta institucional primordial ha sido el retorno asistido, pese a los contextos de violencia y riesgo en su lugar de origen; de modo que solo uno por ciento accedió al reconocimiento de la condición de refugiado.

    "En su recorrido, enfrentan accidentes, trata y tráfico de personas —con al menos 623 posibles delitos registrados por el albergue—, además de violencia, discriminación, hambre y frío. A ello se suma opacidad sobre el debido proceso y la protección integral posterior a la detención, lo que genera dudas sobre el acceso real al refugio, la reparación del daño y el respeto efectivo a la unidad familiar. ¿Cómo se garantiza el interés superior de la niñez y la protección internacional cuando corresponde?", cuestionó la organización

    Además, señalaron que no hay diagnósticos locales ni mediciones sobre el impacto de medidas que ha tomado -por ejemplo- la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se desconoce el marco jurídico, ausencia de alternativas a la detención migratoria, coordinación interinstitucional insuficiente y riesgos en espacios de alojamiento como los albergues del DIF estatal. 

    "La construcción de entornos de paz exige pasar de la contención a la integración efectiva: convenios entre federación, estado y municipios con programas de inserción laboral, acceso a vivienda no discriminatoria y prevención de violencia de género; además de blindar el acceso a derechos básicos sin condicionarlo al estatus migratorio, ampliar el mandato de integración a solicitantes de refugio y figuras humanitarias, y crear mecanismos formales de coordinación y participación comunitaria con sociedad civil", señalaron.