Legisladoras presentan iniciativas para protección de infancias, mujeres y personas mayores

 Redacción | Tlaxcala | 27 de noviembre de 2025

La diputada Gabriela Hernández Islas presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura la Iniciativa por la que busca adicionar los artículos 109 y 129 de la Ley de Turismo del Estado de Tlaxcala, con el propósito de establecer medidas más estrictas que garanticen la integridad de niñas, niños y adolescentes en espacios de hospedaje temporal, protegiéndolos contra la trata de personas, abuso sexual, explotación y embarazo en adolescentes.

Durante su exposición, la diputada expuso que la falta de lineamientos claros en algunos hoteles, moteles y establecimientos similares permite el ingreso de menores sin acompañamiento adecuado, lo que los expone a riesgos como abuso sexual, explotación y trata. Por ello, la propuesta plantea prohibir el acceso de personas menores de 18 años a dichos espacios, salvo cuando estén acompañadas por madre, padre o tutor legal debidamente identificado y exista causa justificada.

Hernández Islas destacó que la iniciativa también responde a la necesidad de disminuir factores de riesgo relacionados con el embarazo adolescente. Con cifras oficiales del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes y de la Secretaría de Salud, subrayó que la insuficiente regulación en espacios donde se facilita el ejercicio de la sexualidad sin supervisión contribuye a situaciones de vulnerabilidad para este sector.

Asimismo, recordó que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado establece la obligación de las autoridades de prevenir y atender casos de abuso sexual, explotación y trata, por lo que la reforma busca fortalecer el marco legal y promover la corresponsabilidad de los establecimientos turísticos en la protección de las personas menores de edad.

En la misma sesión,  la diputada Lorena Ruiz García, presentó la Iniciativa para reformar los artículos 290 y 291 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, con el propósito de reconocer el abuso sexual como un delito grave, actualizar su definición y fortalecer las sanciones aplicables. La propuesta se sustenta en la necesidad de garantizar a mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencia sexual, así como en la urgencia de armonizar la legislación local con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que el abuso sexual constituye una de las manifestaciones más graves de violencia que vulnera la integridad física, emocional y la autonomía de las víctimas, por lo que es indispensable contar con un tipo penal claro y actualizado que sancione actos como tocamientos, exhibicionismo y otras conductas de naturaleza sexual que se cometen sin consentimiento. Subrayó además que la omisión legislativa en torno a este delito ha generado lagunas jurídicas, altos niveles de impunidad y condiciones que perpetúan la desigualdad y la violencia de género.

La iniciativa propone incrementar las penas, establecer la persecución de oficio en los casos de abuso sexual y definir con mayor precisión las conductas sancionables, especialmente cuando las víctimas sean personas menores de edad o quienes no puedan comprender o resistir el hecho. Con ello, se busca fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, cumplir los compromisos internacionales del Estado mexicano y consolidar un marco jurídico que proteja de manera efectiva la integridad y los derechos humanos de las mujeres tlaxcaltecas.

Además, la diputada Maribel León Cruz presentó la Iniciativa por la que busca fortalecer la protección jurídica de las personas adultas mayores frente a actos que vulneren su patrimonio, particularmente en situaciones de violencia, abandono o abuso dentro del entorno familiar y social. La propuesta surge ante la persistencia de casos en los que este sector enfrenta riesgos derivados del robo, despojo y otras conductas que afectan la seguridad de sus bienes y derechos.

Durante su exposición, la legisladora recordó que organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han advertido que una de cada diez personas mayores ha sido víctima de algún tipo de maltrato, especialmente de carácter patrimonial o económico, y que este fenómeno suele permanecer oculto dentro del ámbito privado. Subrayó que la vulnerabilidad derivada de la edad, las limitaciones físicas y la dependencia económica agravan el riesgo de sufrir estos delitos, por lo que consideró indispensable reforzar el marco jurídico estatal.

León Cruz explicó que la propuesta busca atender una problemática que, aunque documentada desde hace pocos años, repercute de manera profunda en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Recordó que tanto la legislación federal como la estatal reconocen el derecho de este sector a vivir sin violencia, a la protección de su integridad y al resguardo de su patrimonio, pero que las conductas de robo y despojo continúan afectándolos con mayor frecuencia que al resto de la población.