Instalan Comité estatal para asegurar derechos laborales de personas privadas de la libertad

Titulares de dependencias destacaron que es obligación del Estado garantizar una adecuada reinserción social con empleo digno

Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 20 de noviembre de 2025

Con el propósito de promover el empleo digno entre personas privadas de la libertad y así garantizar su derecho a una vida digna, este jueves se instaló el Comité Estatal de Fomento Laboral Penitenciario que estará encabezado por el titular de la Secretaría de Trabajo y Competitividad (STyC), José Noé Altamirano Islas, y que tendrá como tarea coordinar el trabajo institucional para vincularles con las empresas, atender recomendaciones y generar condiciones para la empleabilidad.

    "Este Comité es un acto profundamente humano; es reconocer que a pesar de todos los errores o algún error que haya cometido alguna persona, todas conservan su dignidad y su derecho a prepararse para una vida digna y que el error es una de las herramientas más poderosas para transformar realidades, reconstruir autoestima y abrir nuevas rutas de convivencia", expuso el funcionario estatal.

    Asimismo, enfatizó que el trabajo penitenciario no debe entenderse solo como una actividad productiva, sino como un instrumento para el desarrollo humano que permitirá a las personas privadas de su libertad adquirir conocimientos y habilidades para cuando recuperen su libertad; además de asegurar que los empleos se realicen en condiciones dignas, reguladas y con apego a la ley.

    "Cuando una persona accede a un empleo digno dentro de un centro de penitenciario, no solamente obtiene un ingreso, también obtiene esperanza, obtiene un propósito, obtiene la posibilidad real de reiniciar sin repetir los patrones que la llevaron a perder; y cuando esta persona logre reintegrarse con éxito a la sociedad, toda la comunidad se beneficia. La organización es también un acto de seguridad pública, de paz social y de fortalecimiento del tejido comunitario", subrayó.

    En su itnervención, Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), estimó que más de 80 por ciento de los PPLS en Tlaxcala, mil 244, están involucrados en dinámicas de empleo y autoempleo gracias al trabajo que realiza la Dirección de Reinserción Social de la dependencia.

    Agregó que el empleo, al ser un derecho humanos de la población penitencia, "es también una obligación del Estado poder apoyarlos para que todas esas acciones que cometieron en su momento, acciones relativamente, digamos, malas, que podamos nosotros poner nuestro granito de arena para que esa reinserción social sea cada vez mejor".

    Gabriel Alejandro Tamariz Sánchez, jefe de la unidad de política laboral y relaciones institucionales de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), recordó que a nivel nacional ya se instaló el Comité de Fomento Laboral Penitenciario en respuesta a la recomendación 44/2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar trabajo digno a personas privadas de su libertad.

    En consecuencia, acordaron -en 2024- hacer diagnósticos a nivel estatatal con el objetivo de evaluar la normatividad vigente para empleo de personas privadas de la libertad; además iniciaron un programa piloto de capacitación y sensibilización a las empresas sobre la importancia de contratar a genere que sale de los centros penitenciarios.

    De modo que a partir de 2025 trabajan para que la totalidad de talleres y espacios para actividades laborales en los centros penitenciarios puedan ser utilizados en beneficio de terceros, lo que implicará que la iniciativa privada invierta en su equipamiento para dar trabajo a este sector; además de que también están en proceso de que los PPL vinculados a un empleo con empresas puedan acceder a seguridad social en beneficio de sí y de sus familias.

    La inversión implicará acondicionar los espacios con servicios de electricidad, agua, instalaciones, pero que por otro lado generan ahorros para la produción en el pago de eseos servicios, rentas, vigilancia, uniformes y alimentos, con el fin de "aprovecharlos y usarlos a cuenta de terceros, es decir, con inversión privada de empresas muy bien constituidas, serias, de prestigio que estén interesadas en hacer un buen negocio, entren a trabajar a los espacios de los centros y para que las personas privadas de la libertad trabajen".

    Mientras que asegurar su incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implicará la formalización del empleo, que puedan cotizar y acceder a seguros médicos, prestaciones en especie y otros beneficios para sí y sus familias; en consecuencia, esto dará oportunidad a lo habitantes de los centros penitenciarios contribuir al gasto familiar.

    Por ello, trabajan junto al IMSS para definir las características de ese plan piloto que pretenden iniciar con mujeres privadas de su libertad en un centro de reinserción social federal para después replicarlo en los 14 centros federales que hay en todo México y llegar más adelante a los 239 estatales.

    "Tenemos una población penitenciaria, o sea, de personas privadas de la libertad de alrededor de un cuarto de millón de personas. Estamos hablando de buscar la capacidad de formalizar un cuarto de millón de personas en nuestro país. Una población altamente vulnerable con la que tenemos una deuda histórica enorme", enfatizó.

    El Comité lo integrarán el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,  el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Congreso del Estado a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, las secretarías de  Cultura, Bienestar, Educación Pública, Gobierno, Salud; la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, la Confederación Patronal de la República Mezicana; y la Universidad Autónoma de Tlaxcala.