Blanca Águila planteó tipificar el delito de "biocidio" y Gabriela Hernández propuso crear comités consultivos ciudadanos municipales
Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 28 de octubre de 2025
Legisladoras presentaron este martes iniciativas de reforma a la Ley de Aguas para el estado de Tlaxcala y sus municipios con el propósito de promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de este elemento vital; así como para establecer en el Código Penal sanciones a quien prive de la vida a un animal con dolo y de manera injustificada, bajo la tipificación de "biocidio".
La morenista Gabriela Hernández Islas planteó adecuar la Ley de Aguas estatal a fin de crear Consejos Consultivos Ciudadanos Municipales que integren a personas de las comunidades que conformen cada municipio, así como a autoridades del ayuntamiento, a representantes de la sociedad civil y de la academia con el propósito de promover el uso racional del agua, proteger las fuentes naturales, cuidar la transparencia en el uso de este recurso y regular su exploración.
En su exposición de motivos, la legisladora precisó que Tlaxcala enfrenta problemas hídricos derivados de su posición geográfica; situación que urge a proteger el agua ante concesiones industriales, el desconocimiento de comités comunitarios del agua, contaminación y exclusión de comunidades sobre su explotación y gestión, tal como han documentado organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Centro Fray Julián Garcés.
Por esta razón, Hernández Islas sostuvo que contar con mecanismos de vigilancia, transparencia y participación ciudadana reduce la posibilidad de enfrentamientos, litigios, concesiones a la industria y megaproyectos que comprometan el uso del agua sobre la necesidad de las comunidades.
"La exclusión de la ciudadanía ha provocado desconfianza, desorganización, ineficiencia y agravamiento de la crisis hídrica. Su inclusión, con reconocimiento legal y atribuciones claras, puede ser un punto de inflexión hacia una nueva etapa de justicia hídrica, transparencia y sostenibilidad del Estado", argumentó.
Por su parte, la diputada Blanca Águila Lima planteó derogar del Código Penal los artículos 435 y 436 que establecen sanciones a quienes comentan delitos de maltrato animal en cualquier forma, además de que pongan en riesgo su vida; a fin de sustituirlos por un artículo 436 Bis que tipifica el "biocidio", entendendido como la acción dolosa, injustificada y atroz de privar de la vida a un animal doméstico, adiestrado, de trabajo o producción con métodos que provoquen sufrimiento o sean distintos a los establecidos en las normas oficials mexicanas.
De modo que propone multas de 700 a mil veces el valor de la unidad de medida y actualización, así como prisión de tres a seis año. No obstante, el artículo 435 que plantea derogar también considera cualquier forma de maltrato animal que no necesariamente deriven en la muerte de los ejemplares.
También propuso excluir de sanción el maltrato, mulitación muerte de un animal cuando la persona causante actúe en defensa propia o de otra persona.
La legisladora independiente destacó que Tlaxcala ha sentado importantes precedentes en materia de bienestar animal a través de las normas. No obstante, enfatizó que los ayuntamientos han sido omisos en cumplir con sus obligaciones que van desde la creación de reglamentos hasta su aplicación, lo que ha derivado en casos de atropellamientos intencionales y otras formas de maltrato sobre todo a perros en situación de calle.
"Aprobar que esta iniciativa prospere, reflejaría nuestro compromiso con la protección de los seres sintientes, imponer una pena a quien de manera intencional y sin causa justificada, prive de la vida a un animal, constituye una medida coercitiva que pretende limitar la propagación de dichas conductas", expuso Águila Lima.
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