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jueves, 23 de enero de 2025

Laura Flores propone destinar 3% del presupuesto anual para pueblos indígenas y afromexicanos

  •  La iniciativa armoniza la Constitución local con la federal para reconocerles como sujetas de derecho público



Zurya Escamilla Díaz | Tlaxcala | 23 de enero de 2025


La diputada Laura Yamili Flores Lozano (PRD) planteó modificar distinta disposiciones de la Constitución de Tlaxcala con el objetivo de establecer un presupuesto de tres por ciento para que sea administrado directamente por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas residentes en el estado en los relativo a infraestructura social, educativa, salud e hídrica.


    En la sesión extraordinaria de este jueves, la perredista refirió que esta iniciativa está basada en la que recientemente presentó la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para reconocer a personas indígenas y afromexicanas como sujetas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.


    Detalló que en Tlaxcala existen 27 mil 174 personas mayores de tres años que hablan alguna lengua indígena, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); quienes representan a 2.2 por ciento de la población total en el estado.


    Además, 18 mil 094 personas se identificaron como afromexicanas o afrodescendientes, quienes representan 1.3 por ciento de la población en Tlaxcala.


    A pesar de estos datos y la reforma a nivel federal, Flores Lozano señaló que la LXV Legislatura del Congreso incumplió con el mandato con asignar una partida específica para los 57 pueblos y comunidades indígenas legalmente reconocidos en el Presupuesto de Egresos para este año .


    "En suma, con la presente iniciativa de reforma se establecerá en el máximo ordenamiento constitucional de nuestro estado, no solo el reconocimiento jurídico de los derechos individuales y colectivos de nuestras comunidades y pueblos indígenas, sino que se instituirá en la propia norma los medios e instrumentos necesarios para obligar al gobierno estatal y a los municipios a hacer efectivos esos derechos", argumentó.


    De modo que planteó reconocer -en el artículo 1- el derecho a preservar su forma de vida,  a elevar el bienestar social de sus integrantes; a promover el desarrollo de sus lenguas, cultura, religión, educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico, artesanal y formas específicas de organización social; además de garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción del estado.


    Mientras que en los artículos 54, 70, 91, 106 Bis, propuso que el presupuesto de egresos de cada año contemple un mínimo de tres por ciento del total de recursos previstos a programas como infraestructura social, educativa, salud e hídrica que deberán ser transferidos directamente a los pueblos y comunidades indígenas para su administración directa.

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