Concretan legisladores extinción del Instituto para Personas con Discapacidad

 

Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 18 de abril de 2024) Este jueves, el Congreso del Estado concretó la extinción del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), cuyas facultades las asumirá la Secretaría de Bienestar; el acto se llevó a cabo con el voto en contra de tres legisladores y el señalamiento de Juan Manuel Cambrón Soria (PRD) de que se trata de un acto insensible.

    Cabe recordar que el pasado 4 de abril, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, enviaron un proyecto de decreto a fin de desaparecer esta institución que fue creada en 2001, pero que desde enero de 2022 dejó de funcionar a la par de que la Secretaría de Bienestar comenzó a trabajar.

    En su proyecto, el Ejecutivo argumentó que este organismo público descentralizado ya "no resulta conveniente desde el punto de vista de al economía estatal o del interés público"; por lo que efectuaron reformas a la Ley de Personas con Discapacidad que fue creada en 2010 a fin de que sea la Secretaría de Bienestar la encarga de implementar políticas públicas, programas, apoyos, registros y -en general- aplicar la normatividad en la materia.

    Al respecto, el diputado Cambrón Soria calificó de "desalmada, deleznable, insensible y cruel" esta reforma, por lo que pidió no tocar este punto y más bien hacer las adecuaciones a la  Ley Orgánica de la Administración Pública a fin de quitar a la Secretaría las facultades que pudieran duplicarse a fin de mantener el ITPCD con su labor de incluir a las personas con discapacidad -que representan 18 por ciento de la población- en diferentes espacios de la vida pública y no sólo como un ente asistencialista como es la dependencia que absorberá sus funciones.

    "El Instituto se creó en el 2001, de entonces a la fecha se caracterizó por ser pionero y a la vanguardia. Nuestro estado fue pionero, a partir de su creación, otros estados copiaron el modelo y se generaron institutos de esta naturaleza. El éxito del modelo en Tlaxcala tenía que ver en que no se centraba exclusiva en una visión de política asistencial con la entrega de apoyos funcionales", enfatizó.

    En este sentido, el recordó que el Instituto tuvo a su cargo labores como la atención psicológica, inclusión laboral, apoyos de capital semilla para la generación de microempresas, educación, capacitación y sensibilización; por lo que el cambio dejará en indefensión a cerca de 200 mil tlaxcaltecas que padecen alguna discapacidad.

    Por su parte, el diputado José Gilberto Temoltzin Martínez (PAN) si bien se sumó a la postura del perredista y señaló que los intentos de centralizar los servicios, como ocurrió con la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y ahora al IMSS-Bienestar, han alejado a la población de servicios adecuados. No obstante, indicó que apoyaría la propuesta por tratarse de "un hecho consumado".

    En defensa de la iniciativa, habló el legislador morenista Israel Germán López González, quien aseguró que la reforma no dejará desprotegida a la población con alguna discapacidad y más bien se reforzará la atención; recurrió al argumento del austeridad en el ejercicio de recursos públicos y consideró que los señalamientos en contra de la reforma son un ataque.

    Finalmente, 17 legisladores avalaron el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos. En contra, se pronunciaron Manuel Cambrón, Olivia Guzmán Tlalmis (PRI) y Luis Fernando de Anda Flores (PT).

Estado debe consultar a personas con discapacidad sobre reformas

Al respecto, María Elena Teloxa Díaz, representante de DEMEJ, A.C. y defensora de derechos humanos, explicó que de 2022 cuando el ITPCD suspendió actividades a la fecha los beneficiarios sí han notado un baja en la asistencia que se prestaba con antelación, desde los mismos aparatos funcionales, terapias psicológicas y los servicios en general para este sector de la población, especialmente por lo que se refiere a la integración laboral y desarrollo de habilidades.

    "La creación del Instituto se realizó cinco años antes. O sea, México, Tlaxcala estaba súper avanzado en ese tema, inclusive antes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", comentó en entrevista.

    Por ello, consideró que la política gubernamental para el sector debe partir de consultas a sus integrantes para atender realmente sus necesidades específicas; por lo que desde hace más de un año han solicitado audiencia con la gobernadora para exponerle la necesidad de este acercamiento. 

    "Están decidiendo por las personas con discapacidad porque Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Hay un artículo, el 4.3, que dice que todas las políticas, todos los programas, cualquier cosa que se tenga que hacer en favor de las personas con discapacidad tienen que ser consultadas", concluyó.