Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 21 de marzo de 2024) Las y los integrantes de la LXIV Legislatura avalaron el dictamen por el que se crea la Ley de Víctimas para el estado de Tlaxcala con el propósito de establecer los derechos de quienes han sido afectados por diversos delitos y garantizar su acceso a la justicia.
De acuerdo con el documento aprobado este jueves en Palacio Legislativo, las víctimas del delito tendrán garantizados sus derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación del daño y debida diligencia, además de los otros contenidos en las leyes. Así como a establecer las obligaciones de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y garantizar la reparación integral del daño.
Para lograrlo, esta norma prevé la creación de un Sistema Estatal de Atención a Víctimas que se encargará de coordinar y formular políticas públicas, así como acciones institucionales para el cumplimiento de la ley. Éste lo integrarán las o los titulares del Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobierno, Fiscalía General, de las secretarías de Salud, Finanzas, Educación Pública, Bienestar, Seguridad Ciudadana, y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); además de quienes encabecen las presidencias de los poderes Legislativo y Judicial, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Además, el contenido de la ley prevé diferentes modalidades de víctimas: directas a quienes hayan visto lesionados sus derechos, bienes e integridad como consecuencia de un delito; indirectas que serán familiares o personas a cargo de la víctima directa; potenciales, aquellas personas cuya integridad esté en peligro por asistencia a la víctima; grupos, comunidades u organizaciones sociales, aquellas que vean vulnerados sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos.
La norma contiene tanto los derechos generales de las víctimas como aquellos vinculados a la asistencia social, en el acceso a la justicia, el derecho penal, a la verdad que incluye la recuperación y dignificación de la memoria histórica, a la reparación integral del daño.
También, determina medidas de ayuda inmediata, de alojamiento y alimentación, de traslado, de protección, de asesoría jurídica, de asistencia y atención, económicas y de desarrollo, atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia, de reparación integral, restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, no repetición.
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