Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 31 de enero de 2024) La participación de la ciudadanía y de los diversos sectores es fundamental en la atención de la seguridad pública, afirmó la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros durante la presentación del informe de incidencia delictiva correspondiente al cuarto trimestre de 2023.
“La seguridad no solo es una cuestión de fuerza, sino también de inteligencia y estrategia. Agradezco a cada uno de los ciudadanos de Tlaxcala por contribuir a la paz social, su colaboración y respeto por las leyes han sido esenciales para mantener las condiciones de seguridad”, sostuvo frente a funcionarios del gabinete estatal, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como líderes del sector empresarial reunidos en el patio central de Palacio de Gobierno.
La mandataria estatal destacó que las cifras de incidencia delictiva que presenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) estuvieron a la baja durante 2023 a pesar de la cercanía de Tlaxcala con estados con altos índices delictivos. No obstante, reconoció que aún hay tareas pendientes, por lo que si bien los ayuntamientos también tienen responsabilidad en materia, su administración está comprometida a tomar las acciones necesarias para mantener a la baja esta tendencia.
En su informe, la titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán, detalló que durante el cuarto trimestre de 2023 registraron 19 casos de homicidio en la entidad, lo que muestra una tendencia a la baja respecto a los años anteriores; también en delitos como robo de vehículo automotor, a casa habitación, narcomenudeo y violación. En contraste, expuso que ha aumentado el robo de motocicletas debido a que se ha popularizado su uso como medio de transporte.
En cuanto a los resultados en favor de las víctimas, resaltó la recuperación de 109 millones de pesos a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC); la obtención de 10 sentencias por homicidio doloso que suman 288 años de prisión, 11 por casos de secuestro a os que dieron seguimiento de otros años que sumaron 553 años y seis meses de prisión; así como ocho sentencias por trata de personas correspondientes a casos ocurridos entre 2018 y 2020; así como 13 sentencias por violación.
Mientras que Alberto Martín Perea Marrufo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), indicó que en el periodo comprendido de octubre a diciembre del año pasado atendieron 547 eventos, 349 de ellos a través de la Dirección Operativa de la dependencia y la base de operaciones de la Secretaría de Marina, 131 por la Dirección de Investigación, así como 67 por la Dirección de Caminos y Vialidad.
Ello dio como resultado de 467 delitos, 31 accidentes de tránsito que derivaron en 543 puestas a disposición de autoridades ministeriales, 152 personas detenida, la recuperación de 224 vehículos con reporte de robo, 95 vehículos por alteración a datos de identificación.
Además, la Policía Cibernética brindó atención a 163 personas susceptibles de delito a través de medios digitales que permitieron prevenir la pérdida de un millón 794 mil 722 pesos. En tanto que la Policía de Género brindó 669 apoyos: 51 de acompañamiento, 68 canalizaciones, 82 a víctimas que no quisieron denunciar, 237 por causas diversas, a los que se suman 214 llamadas falsas; consecuencia de ello, pusieron a disposición a 11 violentadores.
En su intervención, la delegada de la Fiscalía General de la República (FGR), María Esther Nolasco Núñez, dio a conocer que en los estudios de política criminal que han elaborado instancias estatales y federales de manera coordinada han arrojado que en Tlaxcala hay seis delitos del fuero federal que deben atender como es el robo de autotransporte de carga en vías federales, secuestro exprés, asociación delictuoso, portación de arma de fuego y portación de equipos que anulan la señales de las comunicaciones en las que ya han obtenido sentencias.
Respecto a los resultados, indicó que en el último trimestre de 2023 “rescataron” a mil 20 migrantes con la finalidad de deportarlos y aseguraron a 10 personas por transporte ilegal de personas migrantes, quienes ya fueron vinculadas a proceso.
También, resaltó que a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias recuperaron dos millones 798 mil 203 pesos que ya fueron reintegrados a las víctimas del delito mediante acuerdos reparatorios.
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