Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 18 de abril de 2023) En la sesión ordinaria de este martes, la congresista Diana Torrejón Rodríguez (PRI) presentó el proyecto para crear la Ley de Protección a Personas no Fumadoras, en el cual asientan sanciones para quienes fumen en lugares no permitidos y para los dueños de establecimientos.
La priista expuso que en el país hay 16 millones de personas fumadoras a pesar de las medidas y reformas que ha impulsado el Estado mexicano para evitar el consumo de esta sustancia permitida que tiene impacto en la salud. Por ello, consideró necesario que se amplíe la protección a personas no fumadoras y que dichos recursos sean destinados para implementar mecanismos para disminuir el consumo del tabaco.
De aprobarse esta iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos (PCGJAP), la prohibición de fumar abarcará salones de baile, cines, teatros, transportes en todas las modalidades, tiendas, bancos, instalaciones deportivas, donde se reúnan menores al aire libre; por lo que habrá sanciones tanto para personas que no respeten la ley y para los establecimientos. El recurso será destinado para impulsar mecanismos que reduzcan el consumo de tabaco.
Proponen sancionar a municipios incumplidos
En tanto que el diputado Jaciel González Herrera (PVEM) planteó modificaciones al Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley Municipal y la Ley de Fiscalización Superior a fin de establecer sanciones a aquellos ayuntamientos que no entreguen en tiempo y forma sus proyectos de leyes de ingresos al Congreso o bien no informen que se ajustarán al documento anterior; también propuso sancionarlos si no entregan su proyecto de presupuesto de egresos.
El legislador enfatizó que es importante que se presenten las leyes de ingresos, ya que ello permite reflejar lo mínimo recaudado; de modo que es precisa una adecuada clasificación, así como garantizar la transparencia y rendición de cuentas. En este tenor, también propone que se precisen los montos recaudados para organismos públicos descentralizados; además de que los proyectos sean formulados con perspectiva de género y derechos humanos.
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