Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 22 de febrero de 2023) Como parte de un pronunciamiento general a los centros penitenciarios del país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó el personal de custodia de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) en la entidad carece de un perfil idóneo para el ejercicio de sus funciones y requiere de mejorar sus condiciones laborales.
A través del "Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios del país a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos", el organismo autónomo instó a las autoridades de los tres niveles de gobiernos a fin de que se coordinen en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz a fin de restablece las condiciones que permitan a las personas privadas de su libertad vivir dignamente.
La CNDH observó que -en general- las entidades tienen personal insuficiente para la guardia y custodia de los centros penitenciarios, lo que en Tlaxcala se traduce en deficiencias para supervisión en aduana de ingreso, supervisión de estancias y dormitorios; en los traslados a nosocomios y a diligencias judiciales; así como en la vigilancia y seguridad perimetral.
De igual forma, indicó que en los dos centros penitenciarios que hay en el estado y que fueron supervisados para el Diagnóstico Nacional de Seguridad Pública (DNSP) 2020 cuentan con al menos una problemática en el indicador de autogobierno y cogobierno, al igual en 63 de los 94 centros estatales que hay en el país.
A nivel nacional, el organismo registró en el DNSP de 2021 un total mil 138 acontecimientos violentos en el país que clasificó en 39 homicidios, 94 suicidios, 929 riñas, siete motines, 11 fugas, una conducta de maltrato o tortura, y 42 abusos; con lo que reportó un incremento respecto a 2020, sobre todo en riñas, abusos y fugas. En cuanto a este tipo de incidentes, Tlaxcala registró uno.
Mientras que también encontró obstáculos, áreas de oportunidad y desafíos que observó la CNDH que impiden que el personal de custodia penitenciaria cumpla con las funciones encomendadas por la Ley Nacional de Ejecución Penal como mantener la vigilancia, orden y tranquilidad en los centros penitenciarios; salvaguardar la integridad, vida y seguridad de las personas privadas de su libertad, y cumplir con lo dispuesto en las resoluciones judiciales.
Así como dar seguimiento a la ejecución de sanciones penales, medidas de seguridad y restrictivas impuestas por el Juez de Ejecución; realizar informes relativos al cumplimiento de las condiciones impuestas por esta autoridad; coordinar y ejecutar la aplicación de seguimiento de los programas para las personas con libertad condicionada.
En este sentido, la CNDH indicó que los obstáculos que existen en Tlaxcala para el cumplimiento de esta norma es que el personal de seguridad cuente con el perfil idóneo para desempeñar el cargo y propone que se les imparta un curso de inducción, así como un sueldo digno y mejores condiciones laborales.
Por ello, instruyó a que las Mesas para la Construcción de la Paz acuerden la conformación de un grupo interdisciplinario que realice un diagnóstico de detección e identificación de riesgos, así como un plan estratégico de acciones urgentes y graduales para el restablecimiento del orden, seguridad y operatividad; identificar las condiciones sociales, educativas, económicas, multiculturales, por incidentes de violencia y posible vínculo con grupos criminales o delincuencia organizada.
Este diagnóstico también deberá detectar riesgos, considerar deficiencias, áreas de oportunidad y desafíos que enfrenta cada el sistema penitenciario de cada entidad; identificar los perfiles de las personas titulares de cada centro, experiencia, conocimientos en materia penitenciaria y se verifiquen sus funciones; identificar afectaciones al acceso a servicios, insumos, materiales e infraestructura que repercuten en la calidad de vida de personas privadas de su libertad.
De igual forma, deberán contar con protocolos para el traslado a la personas privadas de su libertad a otros centros, identificar zonas donde hay autogobierno y deficiencias en el equipo de trabajo, así como condiciones de trabajo precarias; factores que inciden en la gobernabilidad, funcionalidad y operatividad de cada centro; trabajar junto a los poderes judiciales para transformar los modelos penitenciarios del país.
Empoderamos ciudadanía a través de la información.
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