Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 6 de diciembre de 2022) Legisladores presentaron este martes iniciativas para derogar el delito de "ultrajes a la autoridad" del Código Penal del Estado de Tlaxcala; así como para crear una Ley de Educación Superior para la entidad.
La legisladora Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, planteó la creación de una Ley de Educación Superior que permita atender las desigualdades, diferenciación social y dificultades de acceso, permanencia, continuidad y egreso.
En este sentido, indicó que es preciso que tanto el gobierno del estado como los municipios tengan claridad sobre sus responsabilidades en la prestación de este servicio. Para esta iniciativa, destacó que se contó con la participación de instituciones de educación públicas y privadas en la entidad, así como organizaciones de la sociedad civil.
Destacó que durante el ciclo escolar 2021-2022, en Tlaxcala se cuenta con 63 instituciones de educación superior que reúnen a más de 36 mil estudiantes; lo que implica una cobertura de 29 por ciento y es una violación al derecho fundamental de acceso a la educación.
De modo que el proyecto de ley se integra de siete títulos en los que se establecen los niveles que comprenden a la educación superior; así como fortalecer la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; prevenir y atender todas las modalidades de violencia; instancias de coordinación; financiamiento; y reconocimiento de instituciones privadas de educación superior.
En la misma sesión, el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, planteó derogar el artículo 183 del Código Penal en el que se consideraba el delito de "ultrajes a la autoridad", luego de que el pasado 25 de octubre el Senado de la República emitiera un exhorto a la entidad junto a Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
Cabe recordar que tanto la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señalaron que se trata de un tipo penal que atenta contra la libertad de expresión debido a que no cuenta con una precisión sobre las conductas que implican "ultrajes a al autoridad"; lo que genera incertidumbre y confusión.
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