Zurya Escamilla Díaz (14 de diciembre de 2022) La propuesta de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión es regresiva, contraria a la progresividad de los derechos, provoca incertidumbre en las reglas comiciales y para trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE); por lo que las y los integrantes del consejo general recalcaron que recurrirán a las instancias y vías jurídicas para salvaguardar la autonomía del órgano.
En conferencia de prensa, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, acompañado de consejeros y consejeras electorales, llamó a los legisladores a analizar los impactos de la reforma y establecer mecanismos para que quienes integran el organismo autónomo puedan aportar información para que tomen decisiones a fin de mejorar el sistema; puesto que a la fecha no se les ha pedido información técnica o diagnósticos.
Puntualizó que tras el análisis de la propuesta, encontraron deficiencias que podrían poner en riesgo la operación de procesos electorales y señaló que una reforma electoral debe tener un amplio consenso de actores políticos para garantizar su legitimidad en apego a la constitución
Recalcó que se vive un momento crucial para la democracia porque estas modificaciones a leyes secundarias en materia electoral podrían trastocar el sistema que se ha construido por tres décadas y que ha llevado a la realización de 330 procesos comiciales desde 2014 para renovar los poderes públicos bajo los principios de legalidad, certeza, equidad, paz y gobernabilidad democrática.
Córdova Vianello enfatizó que estos procesos son posibles gracias a al autonomía, estructura orgánica desconcentrada, servicio profesional electoral y una junta local ejecutiva especializada. Por lo que decisiones como la desaparición de 300 juntas ejecutivas distritales y 32 locales pondría en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas, cómputo de votos, monitoreo de radio y televisión, fiscalización de partidos y campañas, así como el cumplimiento de obligaciones encaminadas a combatir la violencia política.
Abundó que eliminar la estructura delegación y la desaparición de 84.6 por ciento del personal del Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal capacitado para operar con eficiencia y eficacia la atención en módulos; además de que implicaría violaciones a sus derechos laborales porque es personal que ingresa mediante concursos públicos, se someten a evaluación y capacitación permanente.
De igual forma, manifestó la preocupación del INE respecto a la eliminación de la Junta General Ejecutiva para sustituirla por una comisión administrativa porque ello implicaría eliminar la función directiva para reducirla a la administración de recursos en la que estaría incorporado el titular del Órgano Interno de Control, cuya naturaliza es fiscalizadora y no sustantiva.
En el mismo sentido, Lorenzo Córdova se refirió a la compactación de calendarios y alteración de procedimientos en temas sensibles como la selección de funcionarios de casilla; lo que afecta las garantías orgánicas y procedimentales que han permitido elecciones libres y auténticas.
En su mensaje, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, precisó que la eliminación de la estructura del SPE implicaría la desaparición de dos mil 571 plazas que en su mayoría se encuentran en distritos y entidades; por lo que quedarían 396 posiciones y ello haría inoperante la realización de comicios.
Al respecto, el consejero Ciro Murayama Rendón, puntualizó que 760 de 792 plazas relacionadas con vocales del Registro Nacional de Electores, dejaría a 32 personas encargadas de operar el registro e integración del padrón electoral que actualmente supera los 95 millones de personas. Mientras que la modificación en reglas y calendarios para la selección de funcionarios de casilla abriría la puerta a que operadores políticos de los partidos puedan incidir en el armado de casillas.
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