Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 6 de diciembre de 2022) Las autoridades de los tres niveles y el Legislativo tienen la obligación de garantizar el acceso al agua como un derecho humano y no como un objetivo mercantil que se pueda privatizar, afirmó Alicia Lara Vázquez, médica e integrante del Colectivo por un Atoyac con Vida.
Durante el foro "El derecho humano y la gestión comunitaria" al que convocó el Centro Fray Julián Garcés, la activista enfatizó que al privatización de este recurso vital puede encaminar a la muerte de muchas personas; por lo que es necesario evitar esa tendencia y sumar a las comunidades en la administración del agua y el servicio para llevarla a los usuarios.
Recordaron que el grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el Congreso del Estado enlistó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas para la Entidad y demandaron que las modificaciones no tengan un enfoque mercantilista, sino que el servicio y el tratamiento se garanticen con un enfoque de derechos humanos que garantice su accesibilidad suficiente, así como la transparencia en la información, planes y políticas.
De igual modo, insistieron en propiciar la participación ciudadana abierta e inclusiva para la toma de decisiones, así como el reconocimiento de los comités comunitarios del agua para que este líquido se trate como un bien social y cultural. En este sentido, consideraron que no es justificativo el argumento de que hay un rendimiento superior en la administración desde el sector privado sobre el público
Las y los ponentes que concurrieron a este foro destacaron que la Cuenca del Alto Atoyac ha pasado un proceso de devastación socioambiental derivado del proceso de industrialización que se mantiene en las últimas cinco décadas, situación reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos nacionales debido a las importantes afectaciones en la salud y calidad de vida de quienes habitan a lo largo de la ribera.
En este sentido, Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humano, destacó que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce "el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico”; por lo que es obligación de los estado garantizarlo sin discriminación.
Por su parte, Rodrigo Gutiérrez Rivas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió que para asegurar este derecho, los gobiernos deben implementar políticas, planes y proyectos que tengan como eje los derechos humanos, sustentabilidad y participación democrática; lo que implica priorizar su uso para fines personales y domésticos con una visión de integralidad con relación al medio ambiente.
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