Zurya Escamilla Díaz (Tlaxcala, 25 de octubre de 2022) Con 22 votos a favor y tres en contra, el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado avaló la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que las fuerzas armadas puedan intervenir en acciones de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024 como se planteó originalmente.
En contra votaron los diputados Juan Manuel Cambrón Soria y José Gilberto Temoltzin Martínez, así como la legisladora Blanca Águila Lima, quienes externaron su preocupación de que esto signifique un proceso de militarización y abra paso a una dictadura.
Previo a la votación, Temoltzin Martínez anunció que su voto sería en contra de la minuta enviada por el Congreso de la Unión señaló que la asignación de recursos al Ejército y su incorporación en tareas distintas a la seguridad pública trastoca el equilibrio de poderes y el imperio de la ley, debido a que desplaza la autoridad civil por la militar y se pronunció por reforzar tanto policías estatales como municipales. "La historia nos ha mostrado que no es la vía, durante sexenios anteriores fue un hecho que la presencia militar en tareas de seguridad solo desencadenó más violencia, impunidad, violaciones a derechos humanos y opacidad en sus operaciones", comentó.
De igual forma rechazó que no fue legal la visita del secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la legislatura para tratar de intervenir en el proceso legislativo.
Por su parte, Cambrón Soria reiteró que votaría en contra del dictamen porque consideró que ésta no es la ruta para resolver el problema de seguridad pública, puesto que es violatoria al artículo 21 constitucional que establece que es responsabilidad de la autoridad civil el manejo de estas instancias y consideró que hay un proceso de militarización política al involucrarlas en 120 tareas civiles que realiza sin que sea de su competencia. Además de que esta institución no cuenta con el adiestramiento para atender tareas de seguridad y tampoco cuentan con Certificado Único Policial (CUP).
"No estoy en contra de la Guardia Nacional, mi voto no es en contra de la Guardia Nacional; es decir, no es un tema de semántica, antes se llamaba Policía Federal, hoy se llama Guardia Nacional, se podría llamar guardia civil o como se le quiera llamar. El tema es que el mando debe estar completa y absolutamente desde el punto de vista de lo civil", enfatizó y agregó que el Sistema Nacional de Alerta a Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos humanos reporta que de 2018 a 2022 han existido dos mil 510 quejas en contra de la SEDENA, la SEMAR y la Guardia Nacional por caso de tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como detenciones arbitrarias.
Al hacer uso de la voz, Águila Lima afirmó que la seguridad pública no es un tema prioritario para el gobierno federal debido a que han disminuido las transferencias a estados y municipios; como la eliminación del Programa para el Fortalecimiento de Seguridad (Fortaseg) e instituciones de inteligencia civil para utilizar una estrategia que no funcionó en gobiernos anteriores y sobre la que no ha habido avances en cuatro años de gobierno.
"Es una tras otra para justificar la militarización no solo de la seguridad pública del país, la militarización del país por las múltiples presencias que aquí se han señalado de tareas del Ejército para los cuales no está facultado de acuerdo con el 21 constitucional", indicó. Por ello, felicitó a la juez noveno de distrito en Irapuato, Guanajuato, Karla María Macías Lovera por otorgar la suspensión definitiva a la decisión de incorporar la Guardia Nacional a la SEDENA.
A favor de la reforma, se pronunció el diputado Bladimir Zainos Flores quien aseguró que sería una irresponsabilidad al Ejército de las calles, especialmente porque el pueblo está de acuerdo en que así sea debido a la confianza que le genera.
Rubén Terán Águila cuestionó que Blanca Águila no apoyara la iniciativa que presentó una legisladora federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Gilberto Temoltzin por su negativa a impulsar que siga una estrategia impulsada por Felipe Calderón durante su sexenio. Asimismo, aseguró que en la ley hay mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército.
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